Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla Para Todos, encargada de administrar el vital líquido y abastecer a la capital del estado, luego de que el informe de la CNDH exhibiera sus excesos y deficiencias que la colocaron entre las peores del país, suma más de 10 denuncias públicas que exigen el retiro de la concesión.

La situación ocurre a cuatro años de que la empresa encabezada por Héctor Durán Díaz obtuviera, gracias a la aprobación del Congreso de Puebla, la millonaria concesión, demanda a la cual, varias voces del sector empresarial y social están exigiendo el retiro de la concesión.

Uno de los puntos más relevantes del estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue el de cobros excesivos de hasta 500 por ciento.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla (CMIC), sus asociados reportaron en el último año incrementos de hasta el 200 por ciento.

En tanto, Francisco Romero Serrano, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), advirtió que sus afiliados tuvieron incrementos de hasta el 300 por ciento, al pasar de mil 200 pesos a tener que pagar  hasta tres mil 400 al iniciar el 2018.

La Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Aprepsac) se sumó al reclamo al denunciar que desde 2014 la concesionaria les incrementó hasta en 60 por ciento los cobros.

Además de pagar altas cifras por el vital líquido, otro de los problemas que tienen es el de la mala calidad del agua, y las facturaciones mal calculadas, lo que los obliga a poner otro medidor, los cuales tienen que cambiar pues en menos de un año es inservible.

Dicha situación, también fue destacada por el informe de la CNDH, organismo que señaló a la empresa por “implementar nuevos conceptos de cobro (como la instalación de medidores), mala distribución del agua y falta claridad en el costo del servicio”.

Y más cobros

El Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) se pronunció por analizar los términos en los que se otorgó la concesión del agua y revocarla si fuese necesario, toda vez que empresas y ciudadanos padecen cobros excesivos y cortes del servicio, lo que atenta contra el derecho humano a este líquido.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo el mismo llamado, tras acusar que desde el inicio de operaciones de la concesionario el trato ha sido “tortuoso por los cobros excesivos que aplica y el mal servicio”.

El  Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló a Agua de Puebla por no resolver todos los problemas de desabasto y distribución y, por el contrario, aplicar cobros excesivos por estudios de factibilidad u obras inducidas.

Demanda similar hizo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) organismo que condenó que la concesionaria aplique cortes de servicio de agua o drenaje, acciones que calificó como ilegales porque es el Soapap el organismo facultado para actuar en ese sentido.

Todas estas cámaras empresariales han solicitado el retiro de la concesión de 30 años que en 2014, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, entregó.

Ayuntamiento y escuelas

En marzo de este año la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla avaló presentar un exhorto para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinara si era necesario o no cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las tarifas de agua potable y alcantarillado.

Sin embargo la concesionaria alegó que el cobro de Impuesto al Valor Agregado (IVA) al suministro de agua potable era válido, porque junto con el saneamiento y el drenaje, debe verse como un “servicio integral”, a pesar de que no lo contempla Hacienda como un gravamen.

Lo anterior, consecuencia de la propuesta de la concesionaria de cobrar 100 pesos por niño en cada escuela, para que las instituciones cubrieran los adeudos históricos que mantienen con la empresa.

Dicha propuesta les resultaría en lograr más de 33 millones de pesos, sin embargo, ante las críticas fue cancelado el programa.

Aunados a ello, desde que inició operaciones, en reiteradas ocasiones colectivos ciudadanos han denunciado, e incluso iniciado juicios contra la concesionaria.

El “Manotazo” de Gali

 Hace poco, Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla intervino en la situación que afecta a miles de poblanos, luego de que obligara a la empresa a atender al sector empresarial y les retirara la facultad de expedir la carta de liberación de adeudos para traspasar un bien inmueble ante los altos precios que imponía para su expedición.

Dicho documento ahora deberá de solicitarse ante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), con la finalidad de ofrecerlo en un precio más razonable.

Motín de campañas

El tema ha servido para que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los de la coalición encabezada por Morena lo retomen como un eje de su campaña e incluyan el retiro de la concesión como una promesa de campaña.

Al respecto, Juan Carlos Lastiri Quiroz y Xitlalic Ceja García, candidatos al Senado advirtieron que en los próximos días, su abanderado al ayuntamiento de Puebla, Guillermo Deloya Cobian, presentará un proyecto para quitar la concesión, mismo que será respaldado por todos sus demás abanderados.

El tema de la concesión no afecta sólo a ciudadanos y empresarios, sino también al propio PAN quien en voz de Jesús Giles Carmona, ha tenido que advertir que “están abiertos a discutir y analizar la continuidad de la empresa Agua de Puebla para que siga administrando este recurso natural”.

Una propuesta que resulta completamente necesaria, considerando que ahora varios de sus candidatos fueron quienes, como diputados locales, se encargaron de reformar la ley para permitir que la empresa privada administrara el vital líquido.