Redacción PH

El Congreso del Estado dio entrada a dos iniciativas para crear la Unidad Técnica Fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y establecer criterios para la remoción del auditor general, así como para la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.

En sesión pública los legisladores locales recibieron la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta y la turnaron a comisiones la reforma a la Constitución Política de Puebla y la de Fiscalización y Combate a la Corrupción.

La nueva ley establece una revisión periódica del desempeño del tituar de la ASE conforme se realiza a nivel federal, para garantizar el correcto funcionamiento del órgano fiscalizador en Puebla.

Además, plantea como causales de remoción la ausencia por 30 días del auditor, el incumplimiento en la entrega de los informes de fiscalización en las fechas establecidas o incurrir en actos de parcialidad en la práctica de auditorías.

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En el caso de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa se plantea que esté integrada por tres magistrados y su presidente forme parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.

Trascendidos apuntan a que la reforma responde a la inconformidad del gobernador con el trabajo de Francisco Romero Serrano, actual auditor nombrado en 2019 y quien estaría al frente hasta noviembre de 2026.

Supuestamente, el gobernador estaría inconforme de que en las auditorías que ha realizado a quienes ha señalado por corrupción son contados los casos en los que se han detectado inconsistencias o anomalías.