Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, se declaró la mañana de este lunes no culpable en la Corte de Nueva York por el caso que enfrenta en Estados Unidos de “narcoterrorismo”, mientras que su esposa y también diputada, Cilia Flores, se declaró no culpable por los cargos de tráfico de cocaína.

La audiencia se llevó a cabo al mediodía en Nueva York, donde fue acusado por, desde hace más de 25 años, Maduro junto con otros líderes venezolanos abusaron “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones una vez legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Además acusaron que Maduro y sus aliados “proporcionaron cobertura policial y apoyo logístico” a organizaciones de traficantes, como el Cártel de Sinaloa y la banda del Tren de Aragua. Grupos criminales que enviaban ganancias a funcionarios de alto rango que los protegían a cambio, según el Departamento de Justicia.

Maduro también fue acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitarles vuelos bajo cobertura diplomática para traer las ganancias de la droga de México a Venezuela.

Maduro enfrenta acusaciones de cuatro cargos: conspiración para “narcoterrorismo”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La acusación que hoy enfrenta Maduro había sido presentada en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada agrega algunos detalles nuevos y coacusados e incluyen a su esposa Cilia Flores.

La primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en 2007 para organizar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

Sin embargo, Nicolás Maduro podría buscar la desestimación del proceso sobre la base de que es inmune, o está protegido, contra el enjuiciamiento penal porque es un jefe de Estado extranjero.

Los cargos federales por conspiración suelen prescribir a los cinco años, lo que significa que las acusaciones deben presentarse en los cinco años siguientes a la comisión del presunto delito, con algunas excepciones.