Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, a través de su defensa ha iniciado una ofensiva legal para que los magistrados federales de Quintana Roo de dicten sentencia sobre cuatro amparos que le permitirían abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano y obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Según acuerdos judiciales publicados el pasado 12 de enero, los abogados de Marín solicitaron al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito agilizar la resolución de los recursos relacionados con el cambio de medida cautelar.

El objetivo es revertir la decisión de abril de 2025, cuando fue reingresado a la prisión de Almoloya de Juárez luego de que se le revocara el arresto domiciliario por considerarse que existía un alto riesgo de fuga y peligro para la víctima, la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Pese a la presión de la defensa, los magistrados justificaron la demora debido a la complejidad del caso y a los antecedentes de Marín dentro del sistema penitenciario. Informes de la Dirección General de Ejecución de Penas de Quintana Roo revelan un comportamiento alarmante durante su estancia previa en la cárcel de Cancún.

Entre los puntos señalados está el control de internos, los reos se referían a él como “El Patrón”; además de amenazas a la autoridad; existen testimonios de custodios que aseguran haber sido intimidados por el exgobernador, quien alardeaba de sus nexos políticos y recursos económicos.

Además de un intento de motín con el que Marín amenazó con desestabilizar el penal: “Si yo quisiera, les digo que armen un desorden que no van a poder controlar”, habría advertido a un celador tras prometer dinero a otros presos.

Debe recordarse que Mario Marín fue detenido en 2021 por su presunta responsabilidad en la tortura de Lydia Cacho en 2005. La agresión ocurrió tras la publicación del libro Los demonios del Edén, donde se revelaba una red de explotación sexual infantil que involucraba a empresarios y políticos de alto nivel.

Aunque la defensa alega que la prisión preventiva oficiosa es excesiva, el tribunal ha recordado que se trata de un proceso por delitos graves contra una defensora de derechos humanos.

Por ahora, los magistrados han respondido que las sentencias serán dictadas “a la brevedad posible”, manteniendo al poblano tras las rejas en un penal federal.

Con información de Proceso