En México, alrededor de 165 mil niñas, niños, adolescentes y posibles descendientes podrían estar vinculados con personas desaparecidas, estimó la organización Tejiendo Redes Infancia, que denunció la ausencia de información oficial y de una política integral para atender a esta población.

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, la organización presentó el informe “Hijas e Hijos de personas desaparecidas en México. Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes”.

Durante la presentación, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señaló que uno de los principales hallazgos de la investigación fue que no existen datos oficiales sobre cuántos hijos e hijas tienen las personas desaparecidas en México.

La estimación se realizó a partir de una metodología desarrollada por el Imperial College para calcular la orfandad provocada por la pandemia de covid-19, publicada en The Lancet en 2021.

El cálculo considera a personas de entre 15 y 49 años y una tasa de fecundidad de 1.6 hijos por persona, cifra que coincide con datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) 2023.

Con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 27 de agosto se contabilizaban 103 mil 76 personas desaparecidas de entre 15 y 49 años. Al aplicar la tasa de fecundidad, la organización obtuvo una estimación de aproximadamente 165 mil hijos e hijas potencialmente vinculados con ese universo.

Pérez García aclaró que se trata de una estimación y no de una cifra exacta, pues no puede asumirse que todas las personas desaparecidas en ese rango de edad sean madres o padres, ni que todos sus posibles hijos sean actualmente menores de edad.

La organización sostuvo que la falta de información es particularmente grave porque la desaparición de un familiar altera aspectos fundamentales de la vida de sus hijos e hijas, como los cuidados, los ingresos económicos, la educación, la salud, la seguridad, la identidad y su proyecto de vida.

El informe retoma además una consideración del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de 2013, según la cual niñas y niños también son víctimas cuando desaparece su madre, padre, tutor u otro familiar. Sus efectos, advierte el documento, pueden prolongarse incluso después de que cumplen 18 años.

De acuerdo con Tejiendo Redes Infancia, las instituciones encargadas de atender la crisis tampoco identifican adecuadamente estos vínculos familiares. Las comisiones de búsqueda, tanto estatales como nacional, no incorporan de manera suficiente esta información, mientras que las comisiones de víctimas atienden a los hijos e hijas como una consecuencia secundaria de la desaparición y no como una población con necesidades específicas.

Pérez García también cuestionó la actuación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, al señalar que permanecen prácticamente ausentes frente a la restitución de derechos de esta población. Agregó que las respuestas de escuelas, instituciones de salud y otras dependencias son aisladas y fragmentadas.

La organización consideró que la próxima revisión internacional de la crisis de desapariciones en México representa una oportunidad para visibilizar a los hijos e hijas de las víctimas. El tema podría ser analizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) solicitara al secretario general de la ONU someter la situación de México a consideración de los Estados miembros.

“El llamado es que, ante esta gran oportunidad, el Estado mexicano deje de negar la realidad”, señaló Pérez García, quien pidió reconocer de manera explícita la existencia y las necesidades de miles de niñas, niños y adolescentes afectados por la desaparición de sus familiares.

Tejiendo Redes Infancia sostuvo que el primer paso para garantizar sus derechos es que el Estado genere datos oficiales, identifique a esta población y diseñe políticas específicas de atención y restitución de derechos.