El gobierno de México rechazó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra mujeres buscadoras, luego de que expertos de Naciones Unidas alertaran sobre los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores reconocieron que persisten desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, pero señalaron que la atención de las desapariciones constituye una de las “más altas prioridades nacionales”.

El gobierno sostuvo que la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal de desapariciones de personas buscadoras y afirmó que cada caso es considerado relevante. También reiteró su disposición a mantener el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos y señaló que trabaja en coordinación con agencias de Naciones Unidas.

La respuesta se produjo después de que cuatro expertos independientes de la ONU advirtieran sobre la violencia contra las mujeres buscadoras, incluidos casos de desaparición y asesinato, en un contexto que calificaron de impunidad. Los especialistas pidieron al Estado mexicano reforzar la protección de estas mujeres y reconocer públicamente la importancia de su labor.

Entre los casos mencionados por los expertos se encuentran la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla, la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa”, todos en Sinaloa.

Los expertos también destacaron la reciente aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU, del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

México registra más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que concentra registros desde 1950. Por su parte, Amnistía Internacional señaló en un informe publicado en 2025 que nueve de cada 10 personas buscadoras son mujeres y que al menos 97% enfrenta violencia o afectaciones relacionadas con esta labor.

El gobierno mexicano también subrayó que las opiniones de los expertos de la ONU son emitidas a título personal e independiente y “no reflejan la posición de la ONU” en su conjunto.