La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), junto con otras organizaciones aliadas, expresó su preocupación por la Convención de Ciberdelitos, un tratado que afirma podría comprometer gravemente las libertades de los usuarios en línea a nivel global.

Desde su participación en las negociaciones de este tratado en 2022, R3D ha advertido sobre los riesgos que implica, especialmente la falta de salvaguardas suficientes para proteger los derechos humanos.

Según la red, el texto adoptado por el Comité Ad Hoc, que será votado próximamente por la Asamblea General de la ONU, pone en peligro las libertades fundamentales al “establecer las condiciones para legitimar abusos por parte de los Estados hacia las personas y hacia otros Estados”.

Esta preocupación es compartida por diversas organizaciones de la sociedad civil, la industria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Incluso, Estados Unidos ha declarado que “es poco probable que firme o ratifique a menos que y hasta que vean la aplicación significativa de los derechos humanos y otras protecciones legales por parte de los signatarios de la Convención”.

Entre los varios riesgos críticos asociados con el tratado, R3D señala la “falta de salvaguardas específicas para proteger los derechos humanos”, lo que deja la protección de los individuos a la discreción de los Estados.

Además, el tratado no incluye una perspectiva de género adecuada, limitándose a menciones aisladas sobre asistencia a víctimas y medidas preventivas.

R3D aclara que esta falta de enfoque de género es insuficiente para abordar los efectos negativos que el entorno digital puede tener sobre las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Otro aspecto destacado por R3D es la inclusión de “delitos que no son ciberdependientes”, lo que implica que el tratado podría criminalizar conductas legítimas de interés público, como el periodismo, la defensa de derechos humanos o la denuncia por parte de alertadores.

Además, advierten que la ampliación del catálogo de delitos con términos ambiguos como “intencionalmente” o “sin autorización” puede dar pie a abusos.

R3D asegura que el tratado también contempla un “alcance amplio que facilita prácticas arbitrarias” y considera que no solo se enfoca en el cibercrimen, sino que también establece medidas procesales en el ámbito penal que podrían aplicarse a cualquier delito relacionado con el uso de tecnologías de la información.

Además facilita amplias facultades de vigilancia tanto a nivel nacional como transfronterizo, lo que podría implicar un aumento en el almacenamiento de datos y el intercambio de información entre países.

R3D advierte que esto podría permitir prácticas como el uso de spyware, una herramienta que ha sido abusada con fines de persecución política.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales insiste en que el texto de la Convención sobre Ciberdelitos “excede su propósito” de combatir el cibercrimen, transformándose en un mecanismo que podría modificar la aplicación general del derecho penal y poner en grave riesgo los derechos humanos.