En una postura que reitera los principios constitucionales de política exterior, México se desmarcó este viernes de la resolución adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsada por Estados Unidos, la cual exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación sin condiciones de los presos políticos.

Durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, el representante mexicano ante el organismo, Alejandro Encinas, argumentó que la situación nicaragüense no representa una amenaza a la paz o la seguridad hemisférica, advirtiendo que transformar una crisis de derechos humanos en un asunto de seguridad regional “podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización”, máxime cuando Nicaragua concretó su salida formal de la OEA en noviembre de 2023.

Preocupación por la democracia: México reiteró su “profunda preocupación” ante las recientes decisiones del gobierno de Daniel Ortega de cancelar futuros comicios e impedir la participación opositora, postura previamente expresada el pasado 5 de agosto.

La representación reafirmó que su voto se rige por el artículo 89 de la Constitución, priorizando la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto a los derechos humanos, tal como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También remarcan su rechazo a la injerencia: “La historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera”, enfatizó Encinas, advirtiendo que dichas medidas profundizan la desestabilización y el aislamiento.

Bajo el principio de la igualdad jurídica de los Estados, el diplomático subrayó que “la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales”.

Finalmente, el gobierno mexicano anunció que presentará la nota diplomática correspondiente y aclaró que, aunque no acompaña una resolución con alcances e implicaciones imprevisibles, mantiene su disposición de participar de manera constructiva en iniciativas que fomenten el diálogo inclusivo y los derechos humanos, siempre bajo el estricto respeto a la soberanía nacional y sin medidas coercitivas.