Los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala han incumplido con el 90 por ciento de las acciones emitidas en la recomendación número 10/2017 que emitió, el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la contaminación al río Atoyac.

A la fecha ambas autoridades han gastado más de 5 mil millones de pesos, sin obtener resultados, denunciaron miembros de la comisión técnica Atoyac Río Vivo.

Hasta el momento sólo se ha cumplido la liberación del presupuesto para la construcción de una planta de tratamiento de agua, la cual esá en la Central de Abastos, así como la infinidad de estudios y proyectos de los cuales ninguno se ha ejecutado.

Tal situación fue señalada por Lorenzo Pérez Arenas, representante de la Asociación Yanmati, quien exigió que los políticos dejen de lucrar y enriquecerse con supuestos estudios millonarios para sanear el Río Atoyac, de los cuales ninguno se ha ejecutado.

Por ello, recordó que la recomendación de la CNDH va en el sentido de que las autoridades entreguen “cuentas claras” sobre el manejo del recurso público.

“Queremos saber cómo el gobierno está invirtiendo el dinero y de qué manera la gastan; qué obras se realizarán y si los procedimientos de licitación se están efectuado de manera legal”, demandó.

Acción Ciudadana

Las instancias activistas pidieron crear procuradurías ciudadanas para vigilar el cumplimiento de la recomendación, como es la constitución del Parlamento Comunitario de Recursos Naturales de Nuestra Madre Tierra y Derechos Humanos en Micro Cuencas.

Además piden una Contraloría Comunitaria de Recursos Naturales, y la Coordinadora de Sustentabilidad y Derechos Humanos, así como una plataforma digital de vinculación que permita transparentar todo el proceso y el uso de recursos.

Finalmente Pérez Arenas recordó que la recomendación debe ampliarse a 22 municipios pues, en la actualidad, sólo contempla tres de Puebla y tres de Tlaxcala.