La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y cinco personas más, por su presunta participación en la simulación de un secuestro.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, el ilícito fue planeado para exigir un rescate de 40 millones de pesos provenientes del erario público y así justificar un desfalco en la administración local.

Hasta el momento, las autoridades han arrestado a tres civiles implicados y han solicitado formalmente una audiencia de formulación de imputación en contra de la alcaldesa.

La planeación del falso plagio

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que el plan comenzó a estructurarse en febrero de este año por José Roberto “N” y Oscar “N” (esposo y cuñado de la funcionaria, respectivamente). Para la ejecución del plan, se ofreció un pago de 500 mil pesos a los cómplices.

El 31 de mayo ocurrió el supuesto rapto. La alcaldesa denunció inicialmente que, mientras estaba en su vehículo Jetta, fue interceptada y obligada a subir a un auto Volkswagen Virtus rojo por dos hombres y una mujer.

Cámaras de seguridad captaron el momento y revelaron que no existió violencia física ni resistencia por parte de Nápoles Pacheco. Además, se descubrió que la propia edil dio instrucciones sobre qué rutas tomar para evadir el monitoreo policial.

Al percatarse de una intensa movilización policial tras el reporte de testigos, la situación se salió de control. La alcaldesa usó el celular de uno de sus captores para llamar a su hermana, exigiéndole “que no avisara a la policía”. Posteriormente, pidió ser liberada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín.

Durante los interrogatorios ministeriales, uno de los detenidos confesó que “todo estaba planeado” y que el objetivo del rescate millonario era cubrir un faltante financiero de la propia administración de Nápoles Pacheco.

La Fiscalía estatal confirmó el despliegue de las siguientes acciones penales contra los seis implicados originados por el rastreo telefónico y de vehículos entre la CDMX y Oaxaca.

Debido a la naturaleza financiera del caso, la FGJEM dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Morena suspende sus derechos

Tras conocerse los avances de la investigación, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) confirmó la suspensión inmediata de los derechos partidarios de Nápoles Pacheco, argumentando que sus acciones contravienen los estatutos de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, aunque aclararon que se respetará su presunción de inocencia durante el proceso.

Antes de que se solicitara su imputación, Nancy Nápoles Pacheco emitió un posicionamiento en el que defendió su postura como víctima. Aseguró haber aportado todas las pruebas necesarias tras los hechos y acusó a los funcionarios de la fiscalía de dar un trato discriminatorio y manipular las versiones.

“Detrás de todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública… Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta las últimas consecuencias”, sentenció la edil.