Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a gobernadora por la coalición Por Puebla al Frente, justificó su postura de “echar para atrás” algunas de las políticas que implemento su esposo y exgobernador Rafael Moreno Valle, pues él actuó para “transformar”, sin embargo será  la ciudadanía la que juzgue si fueron correctas o no.

“Lo importante que hay que entender es que Moreno Valle fue gobernador hizo una transformación en Puebla como pocas veces se había visto. Tomó decisiones que la ciudadanía juzgará si fueron correctas o no, eso le corresponde a los ciudadanos (…) Yo soy Martha Erika Alonso, tomaré mis propias decisiones y en base a eso la ciudadanía juzgará o no si decide a votar o no por mí, cada quien tiene sus proyectos, prioridades y cada quien trabaja en ese sentido”.

Lo anterior, durante su visita al municipio de Acatzingo, en donde recibió el respaldo de la Asociación de Mototaxis, con quienes no descartó la posibilidad de permitir la operación de estos medios de transporte, los cuales fueron declarados como ilegales por su esposo.

Por ello, la candidata se comprometió –en caso de ganar la elección- a entablar una mesa de diálogo con los mototaxistas, y de ser viable, plantear el regreso de dicho servicio de trasporte, pues reconoció que representa una “fuente honrada” de trabajo para varias familias.

No es la primera vez que Alonso Hidalgo defiende o prevé analizar las obras que realizó el ahora candidato plurinominal al Senado.

Anteriormente en entrevista radiofónica los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), es quema bajo el que se construyeron el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y el Museo Internacional del Barroco (MIB), asegurando que estos compromisos financieros a largo plazo son herramientas de inversión y no representa deuda.

De igual forma tampoco descartó la posibilidad de contratar asesores externos para el análisis y estudio de la revocación de la concesión a la empresa Agua de Puebla.

Sin embargo, la candidata de la coalición también consideró que quitarle la concesión a la empresa le costaría al gobierno hasta 3 mil millones de pesos, por lo que aseguró que se enfocaría a “meter en cintura” a la administradora de agua.

Cabe recordar que desde el inicio de su sexenio, Moreno Valle declaró ilegal este medio de transporte al señalarlos como inseguros, por lo que inició operativos para sacarlos de circulación, ante las críticas, lanzó un programa de canje de dos de estas unidades por un taxi convencional, proyecto que no alcanzó convenció al gremio de los mototaxis.