Las diputadas locales Graciela Palomares Ramírez y Nayeli Salvatori Bojalil interpusieron formalmente recursos de revisión ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para revertir las medidas cautelares emitidas en su contra, las cuales contemplan la suspensión temporal de sus derechos como militantes y legisladoras del partido guinda.

De acuerdo con los expedientes radicados bajo los folios 26-002287 y 26-002288 (asociados a la resolución CNHJ-PUE-552/2026), las legisladoras buscan echar abajo las restricciones dictadas por el órgano de justicia interna el pasado 6 de agosto, fecha en la que se inició de oficio un procedimiento sancionador.

Tras la recepción de los escritos, la CNHJ ordenó la notificación del acuerdo y su publicación en sus estrados electrónicos por un plazo de 72 horas para los efectos legales correspondientes.

Las medidas cautelares vigentes impiden que ambas funcionarias ejerzan sus prerrogativas partidistas mientras se emite una resolución definitiva. Entre las sanciones impuestas destacan:

• Inhabilitación temporal para participar en el proceso interno de cara a la elección de 2027 y en la selección de coordinadores de Morena
• Pérdida de voz y voto dentro de la bancada del Congreso del Estado de Puebla
• Prohibición expresa de emitir o promover pronunciamientos de carácter edadista

Debe recordarse que el procedimiento sancionador se originó a raíz de los comentarios discriminatorios emitidos por ambas diputadas durante su participación en el podcast “Descasadas”, conversación que se viralizó rápidamente en plataformas digitales y desató una ola de críticas a nivel nacional.

Durante la transmisión, las legisladoras hicieron expresiones despectivas hacia los hombres mayores, afirmando que “huelen a baúl” y “se están pudriendo”.

Los dichos generaron un fuerte rechazo tanto en la opinión pública como dentro del partido guinda, incluso hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones.

Finalmente, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, solicitó formalmente el inicio del procedimiento sancionador y respaldó la suspensión de los derechos partidistas de las involucradas.