El gobierno de Puebla mantendrá una postura firme y sin marcha atrás respecto a los descuentos en el transporte público: los descuentos para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, los cuales no serán eliminados ni formarán parte de ninguna mesa de negociación con el sector transportista, al igual que sucederá con la autorización del incremento de la tarifa hasta que se renueven unidades.

Sentenció Silvia Tanús Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), al desechar cualquier intención de suprimir estos apoyos económicos dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

“Nunca falta el que sale y dice que no se le dé descuento a tal o cual; definitivamente ese tenor no está a discusión. Tendremos que seguir manejando los apoyos”, afirmó la funcionaria.

Pese a blindar los subsidios, Tanús Osorio reconoció que la dependencia a su cargo endurecerá las medidas de control debido a la detección recurrente de usuarios que utilizan documentación apócrifa para evadir el pago completo del pasaje en la entidad.

Esto en referencia a la compra de credenciales falsas de estudiantes o personas con discapacidad en diversos mercados de Puebla, por lo que se diseñará un nuevo mecanismo de validación para garantizar que los apoyos lleguen exclusivamente a quienes realmente lo necesitan bajo reglas más estrictas.

Primero modernización, luego la tarifa

Respecto a la constante exigencia de los concesionarios para incrementar la tarifa general del transporte público, la secretaria advirtió que la administración estatal no repetirá las fórmulas del pasado, donde se autorizaban aumentos sin que se tradujeran en mejoras reales para los ciudadanos.

“Antes había aumento de tarifa y los vehículos seguían igual. Ahora va a ser al revés: cambien sus unidades y, con mucho gusto, se verá ya el estudio de tarifas”, sentenció Tanús.

Aclaró que, hasta el momento, se han sustituido cerca de 6 mil vehículos de un universo de 22 mil en todo el estado, precisando que los modelos que van de 2016 a 2021 operan bajo la legalidad vigente. Asimismo, enfatizó que no existe una cifra o porcentaje establecido para un eventual ajuste, ya que este dependerá estrictamente de un análisis técnico formal que cruce los costos operativos de los transportistas con variables socioeconómicas como el salario mínimo.