El gobierno del estado de Puebla advirtió que no tolerará abusos, despojos ni ocupaciones irregulares en el predio de la exfábrica textil La Covadonga, luego de que el abogado y empresario Carlos Talavera Pérez, padre de Michelle Talavera, directora del OPD Parques y Convenciones, anunciara la instalación de un tianguis de vehículos y maquinaria usada en los terrenos en disputa.

En rueda de prensa este lunes 3 de agosto encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya analiza el expediente del caso para actuar con rigor legal y garantizar que prevalezca el orden institucional.

“El gobierno del estado no va a permitir ninguna invasión y ningún despojo, ni en este ni en ningún predio. Siempre tiene que prevalecer el Estado de derecho”, sentenció el funcionario.

El pronunciamiento oficial responde a un encuentro con medios ofrecido este lunes en el Centro Histórico de Puebla por Carlos Talavera Pérez, quien además cuenta con antecedentes penales y procesos judiciales previos, junto a un grupo de personas que ocupan la zona.

En dicha conferencia, los ocupantes afirmaron no ser invasores y aseguraron contar con un contrato de compraventa y comprobantes de pago de impuestos en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, argumentando un decreto de finales del siglo XIX que, según su versión, sitúa el terreno en territorio tlaxcalteca bajo el paraje “La Moratilla”.

Talavera Pérez detalló que el tianguis de vehículos comenzó a operar el pasado 31 de julio, mientras continúan tramitando permisos y preparando más de un centenar de juicios de amparo para proteger a las familias asentadas. Asimismo, aclaró que las actividades comerciales son de carácter particular y se desmarcó de su hija.

Por su parte, la Fundación Julita y Antonio, legítima reclamante de la propiedad en territorio poblano, sostiene que el predio de más de 11 hectáreas ha sufrido dos invasiones: la primera el 9 de abril de 2023 y una segunda el 9 de febrero de 2025.

Representantes de la fundación han señalado que los ocupantes fraccionaron ilegalmente el terreno en cerca de 450 lotes, comercializando más de 300 de ellos con enganches de 50 mil pesos, lo que suma una operación estimada en 15 millones de pesos.

Aunque existen denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y fallos del Tribunal del Poder Judicial de la Federación que ordenaron la demolición de construcciones irregulares, de los cuales se derribó cerca del 80% en julio de 2025, los propietarios reclaman que aún falta por ejecutar la restitución total de la posesión.

Mientras, el gobierno estatal reiteró que se mantendrá atento al desahogo de las pruebas documentales que presenten ambas partes en pugna, enfatizando que ninguna actividad comercial ni grupo de particulares se encuentra por encima de la ley o de los fallos del Poder Judicial.