Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó esta tarde dos contrapropuestas de reforma judicial, una que expresa la visión de la Judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.

En redes sociales la ministra informó de la publicación de las propuestas este domingo, poco después de que en el Senado comenzara a discutirse la reforma propuesta por AMLO que incluye la elección de jueves por voto popular.

Esta propuesta, recordó que forma parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia.

En el documento se exponen puntos como promover la desmilitarización y fortalecer el acceso de las autoridades en labores de seguridad, promover la justicia penal, acceso a la justicia y derechos humanos, acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, procesos y recursos judiciales efectivos, la creación de la Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos.

Señaló que la propuesta surgió desde la Judicatura en un “proceso reflexivo y autocrítico” de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales además de personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.

Explicó que el objetivo es “aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia.

La jueza aprovechó el mensaje para reiterar su llamado “respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas”.

Asimismo, dijo que entre poderes “debemos escucharnos” y escuchar a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos.

“Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”.

Enfatizó en que la demolición del Poder Judicial “no es la vía como se pretende si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”.

La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.

También ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.