La educación tendrá que sujetarse a las particularidades legales, formales, que se establecen en la Ley de Educación del Estado de Puebla, aprobada por la LX Legislatura este viernes 15 de mayo en “sesión pública ordinaria”.

Armoniza, para bien y para mal, a todos los niveles de la educación.
Ha causado revuelo y discusión lo que se refiere a la educación superior y de manera particular a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde hace ya varios meses.

El Consorcio Universitario, integrado por las siete universidades de mayor presencia en el Estado, exigió, hasta el último momento, que se diera voz y opinión a las universidades públicas y privadas.

Que foros, mesas redondas, conferencias, que para el efecto se organizaran, fueran la expresión que los legisladores tomaran en cuenta para fortalecer y enriquecer su propuesta final.

Refieren que no fueron tomados en cuenta.

La Ley fue aprobada por 32 votos a favor, 8 en contra y una abstención.

Causó todo tipo de reacciones.

Que no se escuchó a representantes de ninguno de los niveles de la educación, que fue aprobada fast track, que garantiza educación para todos, pobres incluidos, que es una venganza contra la BUAP, que la Comisión de Educación del Congreso no la discutió lo suficiente, que es una respuesta a la protesta estudiantil por los tres estudiantes asesinados.

Después de un año en la lista de espera, guardando el sueño de los justos, la Ley ha sido aprobada con rapidez, por las complicaciones políticas que ofrecía su puesta en marcha.

Se abre ahora el proceso en el cual, fuera de toda regla legal, pero en estricto apego a derecho, las instituciones públicas y privadas den respuesta a lo que se ha aprobado.

Los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, públicos y privadas, tienen la palabra, hasta ahora no conocida.

Las universidades privadas, a través del Consorcio Universitario unas y por la libre otras, darán a conocer lo que a sus intereses conviene.
La principal Universidad pública, la BUAP, ha dado ya pasos para rescatar y fortalecer su autonomía.

La nueva Ley da carta abierta al gobierno estatal y a la Auditoria Superior del Estado para penetrar hasta las entrañas, a la universidad pública, revisando ejercicio de recursos y procedimientos, que son proporcionados por la federación.

Habrá que esperar las reacciones.

Mis contactos digitales:

@luisenriquesf
facebook.com/luisenrique.sanchezfernandez
facebook.com/luisenriquesf
instagram.com/Luisenriquesf
[email protected]

Luis Enrique Sanchez Fernández es periodista; ha escrito para impresos en papel, radio, televisión y portales digitales. Es universitario, historiador y cronista