Redacción

Tras confirmarse el regreso de las Fuerzas Armadas a las calles, en redes sociales comenzó una discusión sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba militarizando el país una vez más, como ocurrió con Felipe Calderón Hinojosa, ya que los elementos de la Sedena y Semar asumirán las funciones de seguridad pública.

Así lo afirman varios titulares, aunque hay varios puntos que en una cabeza de tres pisos y menos de 100 caracteres no pueden resumirse.

El primero de ellos es que el acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es sólo una formalidad más que inició con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a sacar de las calles las Fuerzas Armadas con la creación de un nuevo grupo: la Guardia Nacional.

En la iniciativa original presentada por Morena en noviembre de 2018 se abrió la puerta para que las Fuerzas Armadas dejaran las tareas de Seguridad Pública.

No obstante, estás permanecerán “en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional (…) para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”.

La propuesta morenista, además de habilitar la intervención de los soldados y marinos en tareas de seguridad pública, algo que hasta ahora solo era competencia constitucionalmente de las autoridades civiles, también los facultaba para hacer detenciones en flagrancia, como lo haría un policía preventivo.

No obstante, su presencia en las calles forma parte de una medida “transitoria”, pues su operación estaría sujeta a revisión y evaluación en un plazo de 3 años a partir de su implementación.

Incluso el presidente fue insistente en que, aunque la Marina y el Ejército apoyarían en las tareas de Seguridad, no tendrían el mando.

Tras más cambios en febrero de 2019, en el Senado y con el respaldo de todas las fuerzas políticas se dio luz verde a la puesta en marcha de la Guardia Nacional.

El dictamen ya advertía que las Fuerzas Armadas se retirarían de las tareas de seguridad a los cinco años de que se conformara la Guardia Nacional, y que la nueva fuerza contaría con un mando civil y no militar adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, la misma iniciativa también consideraba que el Ejército siga encabezando el combate a la delincuencia con un marco legal adecuado.

Por ello, el decreto presentado este día es un documento que solo formaliza el periodo de transición para que dentro de 5 años las Fuerzas Armadas dejen las actividades de seguridad pública a la Guardia Nacional.

Durante este periodo y hasta el 26 de marzo de 2024, las Fuerzas Armados participarán en las tareas de seguridad, aunque lo harán “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional (…) en tanto desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.

Además de aportar elementos, tanto Sedena como Semar “deberán de participar en el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades, tareas y servicios, así como para la instrumentación de normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrían estas homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”.

Es decir, el decreto que tras su publicación es visto por algunos como una forma de militarizar el país, es el resultado de un acuerdo que comenzó a pactarse en 2018 con la primera propuesta presentada por Morena para crear la Guardia Nacional y meses después, tras varias correcciones, fue respaldado por todas las fuerzas políticas que nos representan en el Legislativo.

Finalmente, sobre la militarización del país, López Obrador no está buscando militarizarlo, únicamente está dando continuidad a un proyecto de combate al crimen organizado que inició desde la década de 1980, proceso en el que de diferentes formas han participado las tres fuerzas políticas que llegaron a la Presidencia de la República: PRI, PAN y Morena.