El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, trasladó formalmente a los integrantes de la Asamblea General la petición del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para analizar de manera urgente las crisis de desapariciones y la emergencia forense que atraviesa México.

La decisión se fundamenta en un escenario crítico que alcanza más de 135 mil víctimas de desaparición y 72 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de las autoridades ministeriales del país.

De acuerdo con el oficio oficial A80/737 de la Asamblea General, fechado el 12 de mayo y titulado “Decisión del Comité contra la Desaparición Forzada”, Guterres distribuyó a los Estados miembros una carta del presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro. En dicha misiva se solicita activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo reservado para casos donde existen indicios bien fundados de que esta práctica se realiza de forma generalizada o sistemática.

La solicitud del CED es el resultado de un exhaustivo seguimiento iniciado entre febrero y mayo de 2025, periodo en el que el Comité recopiló expedientes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas. Tras evaluar la información acumulada desde 2012 y haber solicitado informes al Estado mexicano en septiembre del año pasado, el pleno de expertos del CED determinó en marzo de 2026 remitir el caso “con urgencia” al máximo órgano de la ONU.

El objetivo de llevar la situación ante la Asamblea General es que la comunidad internacional considere la adopción de medidas que ayuden a México a prevenir nuevos casos de desaparición forzada; investigar y sancionar a los responsables de estos delitos; erradicar la impunidad y atender el rezago en la identificación de restos humanos.

“Este paso reconoce la gravedad de una crisis que afecta a miles de familias y es resultado de años de lucha de personas buscadoras, colectivos y organizaciones de derechos humanos”, señaló Amnistía Internacional México a través de la red social X.

La difusión de este documento pone bajo los reflectores internacionales un procedimiento que ha sido ampliamente rechazado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El análisis de esta intervención podría coincidir con una coyuntura clave: el próximo mes de octubre se celebrará el periodo de sesiones de la ONU donde no solo se debatirá el tema, sino que también se decidirá el relevo del propio António Guterres al frente de la secretaría general.

Por su parte, organismos defensores de derechos humanos han hecho un llamado para que las autoridades mexicanas no asuman esta fiscalización internacional como una confrontación, sino como una oportunidad histórica para fortalecer las respuestas institucionales, garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones estructurales frente a una de las crisis humanitarias más profundas en la historia reciente del país.