Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010.

La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.

Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.

Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.

En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Se destaca en el oficio que “la declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada”.

De igual forma, “la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos”.

Con información de La Jornada