Organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos en Puebla han presentado amparos contra el artículo 480 del Código Penal, legislación que tipifica el delito de “ciberasedio”, el cual busca usarse como un candado para proteger a figuras de poder de los sectores público y privado del escrutinio y la crítica.

Entre los demandantes se encuentran Artículo 19, Proyecto Justicia Común, Propuesta Cívica y la Red Puebla de Periodistas. Estas organizaciones argumentan que la ley, lejos de proteger a las víctimas de acoso, se convierte en una herramienta para vulnerar la libertad de expresión y silenciar a las voces críticas.

La polémica ley, aprobada por el Congreso poblano a mediados de junio, establece sanciones penales para quienes realicen actos de “vigilancia”, “hostigamiento” u “ofensa” en plataformas digitales.

Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la ambigüedad y la falta de precisión técnica de estos términos, sostienen que la subjetividad de la norma podría permitir que cualquier opinión, denuncia o reportaje sea criminalizado, lo que inhibiría el libre flujo de información.

Es por ello que en un comunicado los organismos defensores de la libertad de expresión han llamado a los jueces para que analicen los amparos bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que buscan es que la resolución proteja la libertad de expresión y no la restrinja, pues consideran que la ley beneficia a quienes buscan frenar el escrutinio público y puede ser manipulada fácilmente para intimidar.

En ese tenor las organizaciones han recordado que cada vez más se utilizan recursos legales para amedrentar a quienes hacen uso de la palabra, en el caso de Puebla advierte que de 2018 a 2024, se han documentado 22 casos de este tipo, donde se usa el sistema de justicia para intimidar, desgastar y censurar a periodistas e investigadores.

Finalmente, recuerda que en un Estado democrático, el derecho penal debe ser la medida de último recurso, aplicable solo cuando es estrictamente necesario. Las organizaciones afirman que la tipificación de delitos como el ciberasedio funciona, en la práctica, como un candado para proteger a figuras de poder de los sectores público y privado del escrutinio y la crítica.