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14 diciembre, 2021

Redacción PH

Pablo Morales, Ernestina Fernández, JJ, entre los 29 ex alcaldes que el Congreso investiga

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La Comisión Inspectora del Congreso de Puebla inició procedimientos administrativos contra 29 expresidentes municipales por incurrir en posible daño patrimonial, entre ellos, José Juan Espinosa Torres, Pablo Morales Ugalde, Rafael Núñez Ramírez o Ernestina Fernández Méndez.

Acordaron en sesión pública integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), donde se iniciarán procedimientos administrativos o se determinarán responsabilidades contra 36 entes fiscalizables, incluyendo siete organismos paraestatales, por anomalías en sus cuentas públicas del 2016.

Las irregularidades detectadas ascienden a 62 millones de pesos, destacando José Juan Espinosa Torres, expresidente municipal de San Pedro Cholula, también exdiputado local que aun debe aclarar el destino de 18.7 millones de pesos, además de responder por otras acusaciones.

El listado también incluye a Pablo Morales Ugalde, ex alcalde de Palmar de Bravo, detenido durante más de un más de un año tras ser denunciado por venta de huachicol y lavado de dinero a través de gasolineras; se le adjudica un presunto quebranto por 488 mil pesos.

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Así como Ernestina Fernández Méndez, expresidenta de Tehuacán con un posible desvió de 13 millones 334 mil 51 pesos o Rafael Núñez Ramírez, exmunícipe de San Martín Texmelucan por un monto de un millón 811 mil 174 pesos.

Otro de los señalados es José Isaías Velázquez, expresidente municipal de Atzizintla, o el exdiputado Valentín Medel Hernández con observaciones por 110 mil pesos en su paso por el Ayuntamiento de Chilchotla.

Los señalados aun pueden solventar las irregularidades y, en caso de no lograrlo, la Comisión Inspectora de la ASE podría instruir la presentación de una denuncia contra los señalados por el posible daño patrimonial a los municipios.

En la misma sesión la Comisión Inspectora también aprobó 296 informes individuales de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018, revisiones que se retrasaron durante más de un año por la falta de personal debido a la pandemia de COVID-19.

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