Redacción PH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 169/2023 a Petroleos Mexicanos y el ayuntamiento de Puebla, tras la investigación que demostró la omisión de ambas instituciones en la protección de la vida, seguridad e integridad de los habitantes de San Pablo Xochimehuacán, víctimas de la explosión el 31 de octubre de 2021.

A dos años del accidente que dejó una víctima mortal y 11 personas más heridas, la defensora de los derechos humanos presentó los resultados de la queja que inició el 1 de noviembre de 2021 y determinó que Pemex y el ayuntamiento de Puebla fueron omisos en trabajar de forma coordinada y evitar la explosión de la toma clandestina de gas LP que afectó a 265 habitantes de San Pablo Xochimehuacán.

“Para esta Comisión Nacional resulta claro que PEMEX, PEMEX Logística y el Ayuntamiento de Puebla han incurrido en inobservancia, al no cumplir con sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad física para las viviendas construidas sobre el sistema de ductos conductores de Gas Licuado de Petróleo y su derecho de vía.”

Las omisiones también se observan en la negligencia de ambas representaciones en prevenir la invasión de la franja de seguridad con construcciones irregulares y viviendas en las cercanías de los ductos de gas, hechos que comenzaron a reportarse incluso años antes de la explosión.

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Es así como se señala como responsable al Ayuntamiento de Puebla por permitir el crecimiento urbano irregular en la zona, lo que resultó en una omisión de sus responsabilidades.

“El Ayuntamiento de Puebla incumplió con las responsabilidades que lo facultan para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, al haber permitido el crecimiento urbano irregular en San Pablo Xochimehuacán y 22 colonias más sobre los ductos conductores de combustibles”

Es por ello que a la comuna se le recomendó reconstruir, reubicar y rehabilitar las viviendas de las víctimas que sufrieron daños.

En tanto Pemex es responsable de las consecuencias de la extracción ilegal de combustible, además de no cumplir con la obligación de prevenir riesgos futuros, por lo que deberá proceder a la reparación integral del daño a 12 víctimas directas y sus familias, así como a 11 víctimas indirectas. Esto incluye compensación, atención psicológica y médica, y el suministro de medicamentos cuando sea necesario.

Además deberá brindar atención psicológica y médica a las víctimas de la explosión ocurrida en la junta auxiliar de Puebla.

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También deberán realizar un censo actualizado para conocer cuántas personas perdieron la vida, cuántas sufrieron lesiones y se encuentran totalmente restablecidas, cuántas presentan secuelas y limitaciones orgánicas para el desempeño de vida, así como un diagnóstico sobre las necesidades colectivas de ordenamiento territorial y vivienda adecuada de los vecinos de la colonia San Pablo Xochimehuacán.

Una vez realizado el referido censo, deberán celebrar un convenio marco para sentar las bases de coordinación interinstitucional, para la debida atención de la problemática de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, en el que se garantice el seguimiento adecuado hasta que se haya resuelto de fondo dicha problemática.