La reforma al Código Civil que busca garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género en menores de edad, también conocida como la Ley de Infancias Trans, podría no resolverse pronto, pues ntegrantes del Congreso del Estado han adelantado que votarán en contra de la iniciativa.

Lo anterior a pesar de que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena adecuar la legislación local y desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política se acordó reactivar la discusión,y se prevé que el dictamen comience a elaborarse en los próximos días.

En ese tenor Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Morena,confirmó su voto en contra y reveló que al interior de la bancada guinda existe una tendencia mayoritaria hacia el rechazo de la reforma. La legisladora argumentó que las infancias carecen del criterio necesario para tomar una decisión de esta índole.

“Mi voto va a ser en contra. Un menor de edad no tiene todavía el criterio forjado ni la madurez para decidir qué quiere ser (…). Si mi hijo a los 18 años me dice: ‘yo me percibo como mujer’, tendrá todo mi apoyo, pero tuvo 18 años de camino para ir construyendo su decisión”, expresó Salvatori, quien descartó que esta postura signifique una traición o rechazo a la comunidad LGBT+.

En el mismo sentido se pronunció Jaime Natale Uranga, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien coincidió en que los menores de entre 12 y 14 años no cuentan con las condiciones psicológicas idóneas para modificar sus actas de nacimiento.

No obstante, Natale Uranga urgió a que el tema sea dictaminado a la brevedad para evitar costos políticos por postergar el debate: “A título personal votaré en contra (…) pero insisto, yo creo que ya estamos en un momento en que se tiene que dictaminar y que cada legislador vote según su postura”.

A la postura restrictiva de Morena y el PVEM se han sumado formalmente los representantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza. Dichas fuerzas políticas sostuvieron de manera conjunta que las decisiones sobre la identidad legal de los menores requieren un análisis más profundo donde se privilegie la protección de las infancias en el contexto social actual.

En contraste, Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano (MC), es de las pocas voces en insistir en la necesidad de acatar la resolución de la SCJN.

InclusoSuriano urgió al Congreso a avanzar en el cumplimiento de la sentencia para evitar que se siga acumulando el retraso institucional en un asunto de derechos humanos que permanece congelado desde hace varios años.

Hasta el momento no se ha definido una fecha exacta para que el dictamen sea presentado formalmente ante el Pleno del Congreso local. Mientras los legisladores poblanos justifican su cautela bajo la premisa de la “protección emocional” de los infantes, el Poder Legislativo de Puebla se encuentra en una encrucijada jurídica, intentando diseñar un proyecto que formalmente atienda la resolución de la Suprema Corte, pero cuyo sentido de votación apunta inminentemente al rechazo del dictamen.