Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, envió este martes al Senado de la República, por segunda ocasión, su iniciativa de reforma constitucional que busca recortar gastos en los tres niveles de gobierno, regular la revocación de mandato y ajustar los salarios de la alta burocracia electoral.

La propuesta, que plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, fue entregada formalmente por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco.

La iniciativa establece topes estrictos al gasto público con el objetivo de redirigir recursos a sectores vulnerables. Entre los puntos más destacados se encuentran una reducción del 15% al presupuesto del Senado para 2027, tomando como base el ejercicio fiscal de 2026.

El presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de su respectiva entidad.

Además se propone un límite máximo de 15 regidores por municipio para evitar que la integración de los cabildos responda a cuotas políticas o beneficios personales.

Un eje central de la reforma es la prohibición de la reelección inmediata para diputaciones locales. Además, el texto incluye una cláusula estricta contra el nepotismo: nadie podrá contender por una diputación si tiene vínculos de parentesco (hasta cuarto grado), matrimonio o concubinato con quien ostente la titularidad del cargo en los tres años previos a la elección.

Respecto al artículo 35, la reforma busca que el proceso de revocación de mandato pueda solicitarse tras el segundo o tercer año del periodo presidencial (2026 o 2027). Un cambio sustancial es que permitiría a la persona titular del Ejecutivo difundir el proceso y promover el voto a su favor, algo que la ley actual prohíbe. No obstante, se mantiene la restricción de usar recursos públicos o tiempos oficiales para la recolección de firmas o propaganda.

La iniciativa pretende terminar con las remuneraciones que excedan el límite presidencial establecido en el artículo 127 constitucional. Esta medida impactará directamente a consejeros y magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas técnicas del INE y organismos locales.

Además, queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales o seguros de vida con recursos públicos.

De aprobarse la reforma, el gobierno federal estima una recuperación de 4 mil millones de pesos anuales, recursos excedentes quedarían en la hacienda pública de cada municipio y estarían etiquetados exclusivamente para obras de infraestructura pública, bajo principios de legalidad y transparencia.