El Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en el Centro de Justicia de la 11 Sur, decidió posponer la audiencia de alegatos de clausura en la que se esperaba emitir la sentencia definitiva por la desaparición de Paulina Camargo, ocurrida en agosto de 2015. La resolución fue aplazada debido a la imposibilidad de desahogar una última prueba legal.

El abogado de la familia Camargo Limón, José Carlos Villalba, informó que, aunque todo apuntaba a que este viernes 3 de julio se conocería el veredicto, el proceso se reprogramó. No obstante, manifestó su confianza en que el próximo 13 de julio se celebre la audiencia de alegatos de clausura y se emita una resolución que, asegura, mantiene un desarrollo favorable para los deudos.

Mientras la audiencia se desarrollaba al interior del recinto, iniciando a las 11:30 horas y prolongándose hasta las 16:30 horas, en el exterior se registró una intensa movilización encabezada por Rocío Limón y Rolando Camargo, padres de Paulina, quien tenía 19 años y cuatro meses de embarazo al momento de su desaparición, encabezaron un plantón pacífico acompañados por familiares, colectivas feministas y ciudadanos solidarios.

Desde ahí lanzaron consignas portando banderillas y acompañados por batucadas para exigir que el acusado, José María Sosa, reciba la pena máxima de 50 años de prisión.

Durante la protesta, automovilistas y operadores de transporte de carga hicieron sonar sus claxones en señal de solidaridad al pasar frente a las lonas que mostraban el rostro sonriente de la joven.

Fue en agosto de 2015 cuando tras una consulta ginecológica en la colonia Jardines de San Manuel donde se encontraban los padres de Paulina, José María apareció y convenció a Paulina de hablar a solas. Cámaras de videovigilancia y el testimonio de un taxista confirmaron que ambos se trasladaron al departamento de él en la Unidad Habitacional La Margarita. Esa fue la última vez que se supo de ella.

Inicialmente, “Chema” declaró que Paulina había abordado un taxi sola en Plaza del Sol, versión que se desmoronó ante las investigaciones ministeriales, lo que llevó a su detención en 2016 por falsedad de declaraciones.

Desde entonces y a lo largo de casi once años, el caso ha atravesado un complejo panorama en los tribunales:

Febrero de 2019: José María Sosa fue sentenciado a 16 años de prisión por homicidio simple intencional y aborto.

Año 2022: Un juez ratificó la condena basados en pruebas testimoniales y en una declaración del propio imputado donde admitía haber golpeado a la joven y arrojado su cuerpo a un basurero.

Abril de 2024: Un juez federal absolvió a Sosa de los delitos de homicidio y aborto tras invalidar diversas pruebas, argumentando principalmente la ausencia física del cuerpo de la víctima.

A pesar del revés judicial previo, la familia Camargo Limón y su defensa legal esperan que el veredicto del próximo 13 de julio marque ponga el fin al caso del que hasta ahora no se sabe dónde está el cuerpo de Paulina.