La publicidad oficial “se ha vuelto un mecanismo perverso” para hacer proselitismo y posicionar a funcionarios en el imaginario colectivo, muy lejos de ser un mecanismo de rendición de cuentas y de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, afirmó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19.

“La publicidad oficial se utiliza para implantar narrativas oficiales en el imaginario colectivo, el debate público no es un debate real porque al final el Estado está haciendo que los medios repliquen lo que ellos quieren que la ciudadanía conozca. La publicidad oficial lo que genera es información sesgada, información parcial hacia el Estado”, explicó.

En entrevista para Aristegui en vivo, la activista destacó que en México la publicidad oficial sólo se utiliza para promover figuras públicas a través de una narrativa oficialista sin que se le permita a la ciudadanía tener una opinión.

Lo anterior, en medio de la discusión en el Congreso para crear una ley que regule la publicidad oficial.

Y es que, la iniciativa enviada al Congreso considera que en las campañas de comunicación social pueden hablar de los logros del gobierno, es decir, hacer proselitismo, tal cual, que es exactamente lo que dice la Constitución que no se puede hacer.

Lo anterior resulta preocupante, pues en México cerca del 80 por ciento de los medios se solventan a través de los convenios de publicidad oficial.

Rendición de cuentas

Por el contrario, la publicidad oficial debería ser un mecanismo de rendición de cuentas y de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos.

“Por ejemplo, necesitamos saber en una zona mazateca cuándo va a haber una campaña de vacunación y a dónde acudir para vacunar a nuestros hijos. El problema es que actualmente en lugar de decirnos a dónde acudir para vacunarlos, nos dicen que se vacunaron a 50 mil personas y que erradicó la enfermedad más extraña del planeta”, expuso.

Acciones de ese tipo impactan en la sociedad, convirtiendo a la publicidad oficial en un “mecanismo perverso” con la capacidad de impactar en la contienda electoral, pues genera durante 6 años una sobre exposición de funcionarios públicos que pone en desventaja al resto de los candidatos.

Lo anterior en el marco de la discusión del Congreso para aprobar una ley que regule la simulación, propuesta que podría ser aprobada este martes 3 de abril, y que no cumple con los estándares internacionales en regulación de publicidad oficial y libertad de expresión, sino que además podría regularizar las malas prácticas.

“No se puede hablar de democracia mientras los medios se encuentren sujetos a una cooptación y censura sutil, constante e indirecta”, advirtió.

Con información de Aristegui Noticias