Luis Enrique Sánchez Fernández 

Hay noticias que parecen buenas hasta que uno decide mirar un poco más allá de la cifra. 

El Gobierno de Puebla informó que, entre el 17 y el 23 de agosto, las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron 254 acciones operativas y detuvieron a 106 personas. También reportó el aseguramiento de armas, cartuchos, drogas y vehículos relacionados con hechos delictivos. 

El dato es importante. Y debe reconocerse. 

Pero una detención no equivale necesariamente a una disminución de la delincuencia. Un operativo no significa, por sí mismo, que una ciudad sea más segura. Y una estadística favorable tampoco necesariamente coincide con la percepción de quien sale todos los días a la calle. 

Ahí comienza la verdadera discusión. 

Porque tenemos dos realidades que conviven. 

Una es la Puebla de los comunicados oficiales: operativos, detenciones, armas decomisadas, vehículos recuperados y estructuras criminales golpeadas. 

La otra es la Puebla del ciudadano que observa una patrulla y no necesariamente siente tranquilidad; que modifica sus hábitos por miedo, evita determinadas zonas o simplemente aprendió a vivir con la inseguridad. 

Sin embargo, tampoco sería justo ignorar que hay una mejoría, aunque pequeña. 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI registró en junio que 81.3 por ciento de los habitantes de Puebla capital se sentían inseguros. Es una cifra extraordinariamente alta, pero también es cierto que bajó respecto del 84 por ciento registrado un año antes. 

El problema es que Puebla continúa muy por encima del promedio nacional de 59.8 por ciento. 

Entonces, ¿estamos mejor? 

Sí, ligeramente. 

¿Estamos bien? 

Definitivamente no. 

Y aquí aparece una diferencia fundamental entre hacer seguridad y comunicar seguridad. 

Un gobierno puede realizar cientos de operativos. Puede detener a decenas de personas. Puede decomisar armas y drogas. Todo ello es necesario. 

Pero la política de seguridad comienza a demostrar resultados cuando esas acciones se traducen en algo que no aparece fácilmente en un comunicado: menos delitos, menos víctimas y menos miedo. 

Hay además una señal que no debería pasar inadvertida. 

Durante este año han sido detenidos siete mandos municipales de seguridad en Puebla por presuntos vínculos, omisiones o responsabilidades relacionadas con hechos delictivos. 

Eso plantea una pregunta mucho más profunda que la cantidad de detenidos de una semana: 

¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de vigilar? 

Porque una estrategia de seguridad no puede depender solamente del número de policías desplegados o de la cantidad de operativos realizados. 

Necesita instituciones confiables. 

Necesita policías profesionales. 

Necesita ministerios públicos capaces de investigar. 

Necesita jueces que procesen los casos. 

Y necesita gobiernos municipales que no permitan que sus propias corporaciones sean penetradas por intereses criminales. 

Por eso los 106 detenidos deben ser considerados un resultado positivo, pero no una victoria definitiva. 

Tampoco sería correcto utilizar el 81.3 por ciento de percepción de inseguridad como prueba de que todo está mal. 

Los dos datos pueden coexistir. 

El gobierno puede estar haciendo más y, al mismo tiempo, los ciudadanos pueden seguir sintiéndose inseguros. 

Esa contradicción es, precisamente, la noticia. 

Porque la seguridad no se construye solamente con estadísticas. Y tampoco se destruye solamente con ellas. 

Se construye cuando el ciudadano comienza a modificar su comportamiento porque ya no tiene miedo. 

Por eso la evaluación de la estrategia de seguridad de Alejandro Armenta no debería reducirse a cuántos detenidos produce cada semana. 

La pregunta verdaderamente importante es otra: 

¿Está Puebla más segura que hace un año? 

Y quizá la respuesta más honesta, por ahora, sea: 

Un poco. Pero todavía no lo suficiente. 

Porque una política de seguridad no se mide por cuántos detenidos produce un comunicado. 

Se mide por cuántos ciudadanos dejan de tener miedo. 

Es cuanto.