El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 205 votos a favor y 168 en contra, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social conocida también como Ley Chayote, que regula la propaganda gubernamental a favor de la administración en turno.
En resumen la ley que debería dejar en claro cómo se debe asignar, vigilar y fiscalizar los recursos públicos destinados a publicidad oficial, hace lo contrario pues a través de sus “huecos” permite institucionalizar malas prácticas que han servido para censurar a los medios de comunicación.
Hay que recordar que la publicidad oficial en esencia debería ser un mecanismo de rendición de cuentas y de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, a través de la cual las autoridades informan de los programas y/o acciones a favor de los mexicanos.
Sin embargo, en la actualidad la publicidad oficial promueve la imagen de los funcionarios o los logros del gobernante en turno, dejando al final su papel informativo.
Es decir, en el caso de una campaña de vacunación, en primer lugar presentan cifras de cuantas personas se han beneficiado con las dosis, después se habla del “logro” que representa la cifra en la administración y al final del comercial se dice en qué fechas será la nueva campaña de vacunación.
En pocas palabras, permite hacer proselitismo a través de publicidad oficial.
Opacidad
Otro de los puntos a considerar es que la Ley le da a cualquier propaganda de un ente público la categoría de “comunicación social”, es decir permitirá a los representantes de dichas secretarías o dependencias promover su imagen y posicionarse en la opinión pública.
Asimismo dicha Ley tendría el carácter de nacional para –supuestamente- garantizar un gasto “con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio de los presupuestos de egresos”.
Legisladores opositores acusaron que de las ocho propuestas enviadas sólo se contempló la propuesta del PRI, PVEM y NA, en tanto las siete restantes se presentaron de forma particular por legisladores del PAN, PRD, Morena, MC (dos iniciativas), el Congreso de Jalisco, fueron ignoradas.
Asimismo, dicha ley carece de un tope de gastos presupuestal para la comunicación social o la propaganda, lo cual podría interpretarse como darle luz verde a una sobreexposición del presidente en turno.
De la misma forma que carece de un tope de gastos, tampoco hay un criterio claro ara el otorgamiento de recursos o sanciones exactas por el exceso de publicidad.
Segob y el chayote
Lo más preocupante es que la Ley nombra a la Secretaría de Gobernación (Segob) como el encargado de administrar el uso de los tiempos del Estado, al mismo tiempo tendrá a su cargo el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, es decir el listado de todos los medios que pretendan participar en la contratación.
Entregar ambas facultades a la Segob ha sido interpretado como el encargado de “chayotear” a los medios pues tendrá la facultad de registrar programas, autorizar planes y manejar el presupuesto que se destinará a los medios.
Aunque la Ley ya pasó por la Cámara de Diputados aún falta la aprobación del Senado, por lo que se prevé que la discusión continúe; en tanto no se descarta que se modifiquen en su esencia algunos puntos que dañan la libertad de prensa y expresión en el país.
