El cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio presentó de manera formal ante el Congreso de Puebla una solicitud para iniciar el procedimiento de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.

A través de un comunicado oficial emitido por los integrantes del Cabildo, se detalló que la petición fue entregada el pasado 19 de junio en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo estatal, quedando ahora en manos de las y los diputados locales su análisis y eventual resolución.

Previo a la entrega del documento, los funcionarios municipales mantuvieron una mesa de diálogo de alto nivel encabezada por el titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y la fiscal general, Idamis Pastor.

Durante este encuentro, los cabildantes expusieron una serie de presuntas irregularidades e inconformidades que sostienen en contra de la administración de Lucero Bárcenas, encuentro que fue calificado por la autoridad estatal como un signo de avance en la resolución del conflicto.

Sin embargo, la oficialización de la revocación de mandato de Lucero Bárcenas deja entrever que el conflicto de gobernabilidad podría no resolverse de forma inmediata.

Además, los regidores han lanzado una serie de exigencias que, aseguraron, serán la clave para mantener la gobernabilidad de Acatlán de Osorio.

Exigieron la separación inmediata de Juan Alberto Domínguez como secretario de Seguridad, acompañada del inicio de una investigación formal en su contra, además de la remoción de Álvaro Cruz de su cargo como secretario general del Ayuntamiento.

También reclaman la ejecución de una auditoría extraordinaria integral que fiscalice el gasto público, la ejecución de obra pública, la contraloría y la tesorería municipal; la homologación de sueldos y salarios para el personal del Ayuntamiento y la implementación de mesas de atención ciudadana directas para escuchar las demandas de la población.

Lo que sigue es que el Congreso del Estado determine la procedencia o el desecho de este procedimiento conforme a la legislación local vigente.