Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del Estado y coordinador de la bancada de Morena, aclaró que la solicitud de destitución de la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, no procederá por el momento debido a la falta de un sustento jurídico y un proceso judicial abierto en su contra.

Luego de que el pasado 8 de junio el Cabildo de dicho municipio de la Mixteca aprobara la revocación de mandato de la presidenta municipal bajo acusaciones de presuntas irregularidades, Gaspar Ramírez precisó que la decisión del cuerpo edilicio no es suficiente para que el Poder Legislativo actúe en consecuencia.

En conferencia de prensa desde la sede estatal de Morena, el líder del Congreso informó que el 9 de junio sostuvo una reunión con el síndico y los regidores de Acatlán para orientarlos sobre la legalidad del procedimiento.

“Formalmente no se ha presentado la petición. Ayer nos reunimos con el síndico y los regidores… se les dijo que no es solamente que el Cabildo destituya y el Congreso apruebe, es un proceso más complejo”, puntualizó.

Gaspar Ramírez explicó que para que el Congreso local pueda analizar y validar la remoción de una autoridad municipal, es indispensable que exista un dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) o por un juez que fundamente jurídicamente las acusaciones.

Para dar contexto, el legislador recordó casos previos como los de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, San Nicolás Buenos Aires y Chignahuapan, donde el nombramiento de concejos municipales o la sustitución de alcaldes ocurrió únicamente tras procesos penales o detenciones de los ediles.

Por su parte, el vocero estatal de Morena, Agustín Guerrero tras reconocer que este tipo de conflictos genera una imagen negativa para el partido, hizo un llamado enérgico a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas a conducirse bajo los principios de austeridad republicana y defender los preceptos de la denominada “Cuarta Transformación”.

En tanto, la propia alcaldesa ha defendido su postura señalando que la inconformidad de los regidores no responde a una mala gestión, sino a intereses políticos y ambiciones económicas, asegurando que los integrantes del Cabildo le exigen un aumento salarial de 20 mil pesos quincenales.