Roberto Borge Ángulo, exgobernador de Quintana Roo, se declaró inocente y acusó a la administración federal pasada, que encabezó su excompañero de partido Enrique Peña Nieto, de haber emprendido una persecución política en su contra.
Borge Ángulo quien fue detenido en Panamá, enfrenta, por lo menos, seis denuncias por delitos relacionados con corrupción, uno de ellos es por la venta de 24 inmuebles que eran propiedad del gobierno de QuintanaRoo a un precio equivalente al 6 por ciento del valor comercial, lo cual habría causado un quebranto al patrimonio de Quintana Roo por un monto de 900 millones 99 mil 418 pesos.
Desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, en videoconferencia, el exgobernador que fuera expulsado del PRI habló por primera vez desde su aprehensión, acusando que es un preso político de la pasada administración federal, particularmente del exprocurador Raúl Cervantes, pues aseguró que emprendido una persecución política en su contra.
“Por primera vez haré uso de la palabra. Primero que nada, recordándole a la audiencia que el 1 de diciembre del año pasado hubo un cambio de Gobierno. En cuanto a mi situación durante el tiempo en que se investigó por parte de la anterior administración de la PGR, hoy quiero manifestar que me declaro inocente, preso político de la administración anterior y hago responsable a la PGR, cuando fue dirigida por Raúl Cervantes, porque hubo motivos políticos”.
Mientras, desde el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl, el político que fue expulsado del PRI fue interrumpido por su abogada Sharon Hernández Colí, quien le pidió que se concentrara en el tema legal porque se convocó la audiencia.
“No habían podido acreditarme siquiera el motivo del lavado de dinero. Le quiero hacer patente que por lo demás, me declaro inocente, hago un exhorto al señor fiscal Alejandro Gertz Manero para que pueda (revisar) la causa penal”, agregó.
Fue el juez de control, Artemio Zúniga Mendoza, quien tras escuchar los argumentos de Borge Ángulo y su defensora, concedió dos meses más de plazo para presentar pruebas de descargo contra la imputación que se realizó en su contra.
La fecha de cierre de la investigación bajo control judicial será el próximo 8 de abril.
