La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla emitió siete resoluciones sancionatorias en contra de igual número de servidores públicos, medidas, derivadas de investigaciones de la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, resultaron en la destitución e inhabilitación temporal de los implicados por incumplir la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con la dependencia estatal, la mayoría de los casos corresponden a faltas administrativas no graves, centradas en la omisión de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como la violación a los principios éticos del servicio público.

Las sanciones aplicadas se distribuyen en cinco dependencias y organismos descentralizados, destacando el uso de documentos falsificados y el descuido en la rendición de cuentas:

Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP ), Ana María N. fue destituida e inhabilitada por 5 meses y 12 días. Se detectó que presentó una cédula profesional falsa (que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido) durante un procedimiento escalafonario, violando los principios de lealtad e integridad.

De la Secretaría de Bienestar, José Edmundo N. fue destituido e inhabilitado por 5 meses y 12 días por no presentar su declaración patrimonial de conclusión; mientras que Erika N. fue destituida de su cargo por omitir la presentación de su declaración patrimonial en la modalidad de inicio.

Del OPD “Convenciones y Parques” Julián Manuel N. fue destituido e inhabilitado por 5 meses y 19 días por omitir su declaración de conclusión; José Ismael N. fue destituido e inhabilitado por 5 meses y 12 días por la misma omisión de conclusión.

En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos N. fue destituido e inhabilitado por 6 meses tras omitir su declaración patrimonial de conclusión y en la Secretaría de Seguridad Pública, Cristian N. fue destituido e inhabilitado por 4 meses y 24 días por no registrar su declaración de conclusión.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfatizó que los procedimientos se realizaron en estricto apego al debido proceso, garantizando el derecho de audiencia de los involucrados. Asimismo, aclaró que los sancionados aún tienen derecho a impugnar las resoluciones; sin embargo, la dependencia aseguró que defenderá las determinaciones firmemente en los tribunales.