La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones contra 21 personas y 25 entidades acusadas de operar como líderes, operadores financieros y facilitadores de la red del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como “Los Mayos” o “La Mayiza”.

Entre los implicados de alto perfil destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien Washington señala como la cabeza de un esquema de narcocorrupción. De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió implementando el bloqueo preventivo de las cuentas de las 46 personas físicas y morales fichadas.

De acuerdo con el informe de la OFAC, Carlos Torres, a quien el Departamento de Estado le revocó la visa en mayo de 2025, operaba como un enlace político al servicio del cártel, además se le acusa de utilizar su influencia para blindar y facilitar las operaciones de la organización criminal en Mexicali, bajo una alianza directa con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

Carlos Torres forma parte de un esquema de protección e impunidad que también involucra a figuras clave del aparato de seguridad y la administración pública estatal, uno de ellos es su hermano Luis Alfonso Torres Torres, señalado de recibir sobornos y blanquear fondos ilícitos a través de diversas empresas y campañas políticas.

Además de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de recibir pagos ilícitos de “El Ruso” a cambio de someter a la policía municipal y permitir la operación impune del cártel y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo en Baja California, señalado de utilizar sus influencias políticas para favorecer a operadores del grupo delictivo como José Ángel Rivera Zazueta.

En el centro de las indagatorias se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada (quien fue llevado a Estados Unidos en julio de 2024). Con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), “Mayito Flaco” asumió el liderazgo de la facción tras la detención de su padre y ha operado bajo el alias de Fernando Sicairos Aispuro desde 2001.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió mediante un comunicado que la administración estadounidense mantendrá una postura firme:

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.

Por su parte, el gobierno de Baja California y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda optaron por no emitir comentarios inmediatos ante los señalamientos que involucran directamente a su exesposo, de quien anunció su proceso de separación en octubre de 2025.

Entre las 25 empresas sancionadas se encuentran corporativos de bienes raíces, centros cambiarios, gasolineras, constructoras y agencias de entretenimiento (como Vida Orgánica Tijuana, Grupo Baja Fixer y Xolo Gas de Baja California), utilizadas, según las investigaciones binacionales, para el lavado de dinero de las actividades de narcotráfico y financiamiento de las pugnas internas del cártel.