Un ministro de la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para que sus altos funcionarios mantengan salarios por arriba de los 108 mil pesos mensuales que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el viernes pasado la controversia del Inegi para impugnar tanto el tope salarial de 1.6 millones de pesos netos anuales para el presidente de la República, que en automático redujo las percepciones de sus más altos funcionarios, como la reducción de 500 millones de pesos en la petición presupuestal de dicho órgano.

No obstante, tras revisar una controversia constitucional que el Inegi presentó contra la llamada ley de salarios máximos, que obliga a todo funcionario a ganar menos que el jefe del Ejecutivo federal, la SCJN rechazó suspender la aplicación de la norma.

“El artículo 127 de la Constitución ordena que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto correspondiente, esto es, de suspender las reglas del Presupuesto de Egresos cuestionado, se traduciría en no respetar lo expresamente señalado por la Constitución”.

También recordó que ese mismo criterio se ha mantenido al negar suspensiones a controversias similares promovidas por los institutos Nacional Electoral (INE), Federal de Telecomunicaciones (IFT) y Para la Evaluación de la Educación (INEE), así como por las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Federal de Competencia Económica (CFCE).

Y es que, tanto el presidente como el vicepresidente del Inegi ganaban, hasta 2018, 2.4 y 2.2 millones de pesos netos anuales.

No obstante, la negativa de suspensión no quiere decir que el caso está perdido para el Instituto, ni para los demás órganos autónomos inconformes.

Cabe recordar que hasta el momento el Banco de México (Banxico) es el único órgano al que Pérez Dayán permitió seguir pagando salarios hasta 50 por ciento mayores a los del Ejecutivo, porque esa institución no está sujeta al Presupuesto de Egresos.

Con información de ADN Político.