La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda puede bloquear cuentas bancarias con base en meros indicios y sin necesidad de una orden judicial.

El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, confirmó la reforma de 2022 y estableció que esta facultad es de carácter administrativo, no penal, además de reconocer el derecho de audiencia y la posibilidad de ofrecer pruebas por parte de los afectados.

La propuesta fue aprobada por mayoría de seis votos, mientras que la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero se pronunciaron en contra.

Durante la discusión, los ministros disidentes expresaron preocupación por la inclusión de personas en la lista de bloqueados ante instituciones financieras sin un proceso judicial previo. El ministro Figueroa advirtió que la medida obliga a los afectados a probar su inocencia “sin las reglas, tiempos ni garantías propias de un proceso penal”. Por su parte, Esquivel señaló que, aunque la medida puede ser útil contra el lavado de dinero, “no podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios”.

La ministra Ortiz defendió su proyecto y subrayó que la facultad de la UIF es necesaria como medida preventiva.

“Por disposiciones internacionales tenemos que tener instrumentos a nivel nacional para tomar las medidas adecuadas en el país”, afirmó.