La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto emitido por el Congreso del Estado en contra de la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez, con el que intentó destituirla del cargo, sancionarla e inhabilitarla para ejercer algún cargo público.

Dos años después de que el Congreso del Estado comenzara el proceso contra la priista, por el presunto desvío de recursos públicos detectados en su cuenta pública 2014, el máximo tribunal del país resolvió la controversia constitucional promovida por el área legal del ayuntamiento en contra del Congreso del Estado, así como de la Auditoria Superior del Estado, al haber iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra Fernández, sin haber notificado debidamente a la alcaldesa, así como al representante legal de la comuna.

De acuerdo con el síndico Romero Calderón, al haber incumplido con las notificaciones, no se les dio la oportunidad de justificar los gastos que se observan por parte de la auditoría.

La sanción que el Congreso intentó imponerle incluía el pago de 150 millones de pesos, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 12 años.

“Se buscaba ejecutar una gran injusticia”, manifestó Romero Calderón al explicar que con el fallo de la SCJN quedan sin efecto las sanciones y Fernández podrá concluir su encargo próximo a concluir el 16 de octubre.

También, la Auditoría Superior del Estado (ASE) queda obligada a reponer el procedimiento de notificación.

Esta es la segunda controversia constitucional que Tehuacán ganó en esta administración, la primera fue contra el gobierno del estado que pretendió quitar al ayuntamiento el derecho para prestar el servicio de Catastro.