La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, como establecían reformas al Código Penal de la Ciudad de México.

Este registro formaba parte de una serie de reformas que aprobó el Congreso capitalino en 2020 a las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del código Penal local.

El padrón integraría una lista de personas sentenciadas por delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual contra menores de 12 años, así como a quienes realizaran actividades como trata de personas y turismo sexual de niños y adolescentes.

Sin embargo, el pleno de la Corte, con ocho votos a favor, determinó que el padrón de agresores sexuales “violaría la presunción de inocencia, dificulta la reinserción social, expone preceptos como la protección de datos personales”.

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En el segundo día de discusión alrededor de este instrumento, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, defendió que “podría servir como instrumento público para la investigación y prevención”, aunque de cara a la sociedad reitera un juicio de valor negativo, por lo que se pronunció en contra.

En contraste, el ministro Arturo Zaldívar señaló que este Registro Público de Agresores Sexuales no impone una pena adicional, sino que ayuda a prevenir y salvaguardar los derechos e integridad de las mexicanas frente a estos delitos.

Anteriormente, la ministra Yasmín Esquivel alegó que existe un incremento en delitos de carácter sexual entre 2017 y 2020, por lo que es necesario contar con un registro público para mejorar los niveles de protección en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz se manifestaron en contra por violar conceptos como la presunción de inocencia, derecho penal del acto, reinserción social, así como por ser inconstitucional.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz refirió que no existe evidencia de que mecanismos como un Registro Público de Agresores Sexuales ayude a inhibir este tipo de crímenes, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat alegó que ayudaría para empoderar la denuncia por parte de víctimas de delitos sexuales.

La propuesta buscaba crear una base de datos que contendría información de las personas que cuentan con sentencias por violencia sexual en la Ciudad de México.

Con información de EFE