• Cinco carpetas y la separación temporal del director y el prefecto del Centro Escolar 5 de Mayo desmienten la ligereza con la que un subsecretario descartó inicialmente la naturaleza sexual de los señalamientos.

Cinco carpetas y dos separaciones

La Secretaría de Educación Pública de Puebla separó temporalmente al director y al prefecto de la secundaria vespertina del Centro Escolar 5 de Mayo. El secretario Manuel Viveros Narciso confirmó el 15 de septiembre que la dependencia investiga su actuación y que tiene conocimiento de cinco carpetas abiertas ante la Fiscalía General del Estado por presuntos tocamientos sin consentimiento atribuidos a un alumno.

El estudiante señalado también fue apartado de las actividades presenciales. La SEP informó que colabora con la Fiscalía, activó protocolos de atención y canalizó a las alumnas para recibir acompañamiento del DIF. Las medidas son preventivas: no equivalen a una sentencia contra el alumno ni a una destitución definitiva del director y el prefecto.

La precisión importa porque algunos encabezados anunciaron que los funcionarios habían sido despedidos. Lo confirmado es una separación mientras se integra la investigación administrativa. Si la dependencia encuentra elementos, entonces podrá iniciar el procedimiento y determinar responsabilidades.

La clasificación que la SEP quiso cerrar antes de tiempo

Dos días antes, el subsecretario José Enrique Martínez Peláez había reconocido cuatro denuncias, pero sostuvo que los hechos no eran delitos de orden sexual en lo más mínimo. Esa conclusión adelantada correspondía a la Fiscalía y, en su caso, a un juez; no a la autoridad encargada de proteger a las estudiantes y preservar la investigación.

La postura actual de la SEP corrige los hechos, aunque no admite la rectificación. El número oficial pasó de cuatro a cinco denuncias. El titular de la dependencia habla ahora de posibles tocamientos, coopera con la Fiscalía y aparta tanto al alumno señalado como a los adultos acusados de omisión. La institución que restó gravedad terminó activando medidas reservadas para una situación que sí exige protección inmediata.

Urbano Noticias informó, con datos atribuidos a la Fiscalía, que las denuncias se presentaron el 12 de septiembre por hechos de los días 8 y 11 y que se habían recabado testimonios de seis víctimas directas y tres indirectas. Esas cifras no deben sumarse ni confundirse con el número de carpetas: una denuncia puede incorporar a más de una persona y el universo sigue en integración.

Las acusaciones contra los adultos

Las alumnas sostienen que los hechos ocurrieron cuando un grupo quedó sin docente. Señalan que el prefecto minimizó sus relatos, les impidió utilizar los teléfonos para avisar a sus familias y pronunció una frase de culpabilización: eso les pasa por ofrecidas. También acusan al director de intentar contener la denuncia.

Esas conductas están documentadas como testimonios públicos, no como hechos ya probados. La separación de los funcionarios tampoco las acredita automáticamente. La investigación administrativa debe establecer quién conoció el primer reporte, a qué hora, qué acciones tomó y por qué las estudiantes consideraron necesario protestar para ser escuchadas.

La responsabilidad del sistema educativo no depende de esperar una sentencia penal contra un menor. La SEP puede revisar de inmediato la ausencia del docente, la supervisión del grupo, la atención de las quejas y las medidas contra la revictimización. Son obligaciones administrativas propias, no anexos de la carpeta ministerial.

La protesta que movió el protocolo

La separación del director y el prefecto llegó después de que alumnas, compañeros y familiares se manifestaron el 14 de septiembre. La protesta convirtió un expediente interno en un problema público y obligó a la SEP a responder con medidas distintas a las anunciadas en el primer corte.

Viveros afirmó que la dependencia no será omisa. Para sostener esa promesa tendrá que publicar, sin vulnerar a menores, una cronología de atención, la fecha de activación del protocolo, las medidas de protección para las denunciantes y el resultado de los procedimientos contra el personal. También debe explicar quién dejó al grupo sin docente y por qué un subsecretario intentó fijar la naturaleza de los hechos antes que la autoridad investigadora.

La rectificación administrativa protege mejor que la negación, pero no borra la primera respuesta. Entre la frase no es sexual y cinco carpetas existe una distancia que las estudiantes tuvieron que recorrer en público. Esa distancia es la historia que la SEP todavía debe explicar.

Fuentes: Periódico Central · Urbano Noticias · e-consulta · MTP Noticias · Diario Cambio