El gobierno federal ha sancionado a 12 mil 575 trabajadores federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En un comunicado, la dependencia detalló que el total de sanciones impuestas en los últimos seis años a trabajadores de la Administración Pública Federal (APF) suman 15 mil 266, de las cuales 5 mil 781 fueron inhabilitaciones, además de 4 mil 213 amonestaciones públicas, 3 mil 923 suspensiones, 726 destituciones y 623 sanciones económicas.

La SFP señaló que a “una misma persona servidora pública” se le puede imponer más de una penalización y que las cifras publicadas “pueden tener variaciones por los medios de defensa interpuestos”.

Esta política, que forma parte “de las acciones en el combate a la impunidad” de la SFP, se traduce en un monto económico recaudado de más de 10 mil 135 millones de pesos.

Entre las causas que llevaron a la SFP a imponer estas sanciones, destacan el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial (7 mil 124) y la negligencia administrativa (6 mil 201).

La mayoría de ellas se originaron fruto de denuncias ciudadanas (7 mil 832).

La SFP vivió un cambio de titular a mediados de 2021, cuando el presidente López Obrador relevó a Irma Eréndira Sandoval para entrar en una “etapa nueva” en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró tras disputas en el seno de Morena y la sanción al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por la venta de ventiladores presuntamente en mal estado a hospitales públicos.

Desde entonces, quien carga la cartera de la SFP es Roberto Salcedo, antiguo subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción.

Para el primer semestre de 2024, la SFP impuso a mil 211 servidores públicos mil 266 sanciones administrativas, la mayoría de las cuales fueron inhabilitaciones (437) y suspensiones (554).

El comunicado recordó que, con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la mano, la SFP tiene la capacidad de “investigar, sustanciar y sancionar” las faltas administrativas no graves.

Las calificadas como graves corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que deberá “continuar con la sustanciación” del caso y la imposición de una sanción.