Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, rechazó que la nueva Ley de Telecomunicaciones, denominada por sus detractores como “ley censura”, tenga como propósito principal sancionar económicamente a los medios de comunicación en México.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria aseguró que la normativa busca garantizar los derechos de las audiencias, fomentar la información veraz y establecer una clara distinción entre la información y la opinión.

Frente a los cuestionamientos generados por diversos sectores, la titular del Ejecutivo subrayó que la intención del gobierno no es aplicar multas de manera punitiva, sino consolidar un esquema de autorregulación dentro de la industria mediática.

“Desde mi perspectiva no se trata de multar, no es estar multando el objetivo, si se fijan es en realidad un proceso de autorregulación del medio”, afirmó.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las disposiciones publicadas se encuentran actualmente en fase de consulta pública para definir el marco normativo final.

Los puntos centrales de la propuesta contemplan:

• Los concesionarios de radio y televisión estarán obligados a nombrar a un representante encargado de recibir, analizar y dar cauce a las quejas ciudadanas sobre los contenidos transmitidos
• Cada empresa de comunicación deberá diseñar y establecer su propio código interno de conducta editorial
• Cuando un ciudadano reclame la veracidad de una información, el defensor de las audiencias tendrá la tarea de comunicar la postura contraria o la aclaración correspondiente dentro de los mismos programas informativos

Sheinbaum explicó que serán los propios medios quienes administren estos mecanismos de revisión interna, reafirmando que el modelo privilegia la responsabilidad editorial sobre la intervención directa del Estado.

Impacto en medios tradicionales y digitales

Aunque el alcance de los lineamientos publicados por la CRT aplica estrictamente para los medios tradicionales concesionados, la presidenta sugirió que las plataformas digitales y los espacios en internet podrían “empezar a experimentar” con la designación voluntaria de un defensor de las audiencias como una buena práctica frente a sus usuarios.

La discusión en torno a la reforma ha encendido el debate público. Diversas organizaciones civiles, especialistas en materia de telecomunicaciones y representantes del sector mediático han manifestado su preocupación, advirtiendo sobre potenciales riesgos para la libertad de expresión y la labor periodística en el país.

Por su parte, la administración federal sostiene que las normativas buscan proteger los derechos ciudadanos y elevar la calidad de los contenidos informativos.

Los lineamientos continuarán bajo el proceso de consulta pública, periodo en el cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones analizará las observaciones y propuestas recibidas por parte de la sociedad y los actores de la industria antes de emitir la versión definitiva de las reglas.