El Congreso del Estado de Puebla iniciará formalmente el análisis de la solicitud de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, sin embargo, Jesús Juárez Lezama, director jurídico del Congreso local, advirtió que la petición promovida por los regidores carece, hasta el momento, de dictámenes oficiales que la sustenten.

Reveló Juárez Lezama en conferencia de medios este martes 23 de junio al advertir que los inconformes solo presentaron “solicitudes de información” como sustento documental y no resoluciones emitidas por autoridades competentes.

“La simple presentación no actualiza la procedencia. Revisamos la solicitud y hay anexos, pero no dictámenes. Si bastara con una solicitud para revocar un mandato, lloverían este tipo de peticiones por meras diferencias políticas”, advirtió el funcionario, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la revocación solo procede en casos “graves o extremos” para garantizar la gobernabilidad y la paz social.

Por su parte, Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del Estado, confirmó que el documento, ingresado formalmente el pasado viernes 19 de junio, será presentado ante el Pleno este jueves 25 de junio y posteriormente, se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.

Gaspar Ramírez enfatizó que este es apenas el inicio de un procedimiento y no una resolución automática, por lo que se garantizará el derecho de audiencia de la alcaldesa, pero solo será en caso de que encuentren elementos suficientes en su contra, por lo que podría haber una audiencia para presentar sus pruebas de descargo.

De manera paralela al análisis político, el presidente del Legislativo anunció que existe un acuerdo entre el cabildo de Acatlán y la Secretaría de Gobernación para realizar una auditoría externa extraordinaria a las finanzas del municipio.

El objetivo de esta revisión es buscar posibles anomalías en el gasto público y fe encontrarse irregularidades, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes y se llamará a comparecer a los responsables. En caso contrario, se notificará al cabildo para que aporte nuevos elementos.

En ese tenor, nuevamente Juárez Lezama aclaró que no existe un plazo definido para emitir un dictamen, ya que el Poder Legislativo no puede absorber las facultades de otras instituciones.

Para que el proceso avance, los diputados deberán esperar el desarrollo de investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), en este caso.