Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), descartó que el Congreso del Estado actúe bajo criterios políticos o tome decisiones unilaterales respecto a los conflictos municipales de Acatlán de Osorio y Zapotitlán de Méndez.

Dijo este martes 16 de junio en conferencia de prensa, al advertir que pese a las protestas que están sucediendo en Acatlán de Osorio y la solicitud de revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas., hasta el momento, los regidores de Acatlán no han presentado pruebas con sustento jurídico ante el Legislativo que validen la destitución.

“Es necesaria la presentación de los expedientes que sustenten los señalamientos de los regidores. Actuar conforme a derecho protege al municipio de decisiones arbitrarias”, acotó el también coordinador de la bancada de Morena.

Gaspar Ramírez enfatizó que el Congreso es un órgano colegiado, por lo que la procedencia o improcedencia de una revocación de mandato dependerá estrictamente de un análisis técnico y minucioso de los expedientes, y no de opiniones individuales.

En ese tenor el legislador recordó que aunque respetan la autonomía municipal, para iniciar un proceso formal de revocación se requiere documentación legal que aún no ha sido entregada.

Señalamientos similares hizo sobre el caso de Salvador Tino Martínez, edil de Zapotitlán, de quien recordó en la sesión del pleno de la semana pasada, ingresó formalmente una solicitud de revocación de mandato en contra del alcalde. Los integrantes del cuerpo edilicio lo acusan de incumplir con sus funciones, señalando que el Cabildo no sesiona desde octubre de 2024.

En este caso, dijo que el oficio correspondiente ya fue turnado de inmediato a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para el desahogo del procedimiento legal.

Finalmente, el legislador aseguró que para ambos casos existe un trabajo coordinado con el Ejecutivo estatal para mantener la paz social y la gobernabilidad en las demarcaciones. Asimismo, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de actuar con total imparcialidad, sin sesgos a favor de ninguna de las partes en conflicto, para brindar certeza a la ciudadanía.