Por Redacción

Una captura de pantalla de un mensaje SMS enviado desde un número no identificado, con contenido favorable a Laura Artemisa García Chávez, abrió una nueva discusión sobre los límites entre comunicación pública, propaganda personalizada y uso de datos personales en Puebla.

El mensaje, recibido en un teléfono móvil y compartido con esta redacción, dice textualmente: “LA MAESTRA LAURA ARTEMISA REDUCE POBREZA EN 20%. INCREMENTANDO EL BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS DE PUEBLA CAPITAL”. La frase no identifica dependencia responsable, programa público, fuente estadística, periodo de medición, metodología, responsable del envío ni mecanismo para solicitar baja o ejercer derechos sobre el dato personal utilizado.

La controversia no radica únicamente en el tono elogioso del mensaje. El punto delicado es que el contenido atribuye un supuesto resultado de política social directamente a una persona, no a una institución ni a un programa verificable. En términos editoriales, la captura obliga a formular preguntas elementales: quién pagó el envío, desde qué base de datos se obtuvieron los números telefónicos, con qué consentimiento se trataron esos datos y por qué se usa un logro público como elemento de posicionamiento individual.

El caso adquiere un matiz político adicional porque Laura Artemisa García Chávez fue presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla durante la polémica por la llamada ley de ciberasedio. En junio de 2025, el propio Congreso difundió que García Chávez descartaba que la reforma limitara la libertad de expresión y la presentaba como una medida de protección ciudadana. También se abrieron mesas bajo el esquema de parlamento abierto después de las críticas públicas y del llamado del gobernador Alejandro Armenta a revisar los términos de la norma.

Diversas voces periodísticas y organizaciones civiles cuestionaron entonces que la redacción del delito pudiera abrir la puerta a usos arbitrarios contra la crítica, periodistas, activistas y ciudadanos. En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el delito de ciberasedio en Puebla por considerar que su redacción podía permitir aplicaciones arbitrarias y afectar la libertad de expresión.

Ese antecedente vuelve más sensible la aparición de mensajes masivos de promoción política en teléfonos particulares. Mientras en 2025 se discutía una ley para regular expresiones en el espacio digital, hoy la pregunta pública apunta en sentido inverso: quién regula el uso del aparato político, institucional o partidista cuando ocupa el teléfono privado de los ciudadanos para difundir mensajes favorables a una figura pública.

El artículo 134 constitucional y la doctrina electoral mexicana han insistido en que la propaganda gubernamental no debe convertirse en promoción personalizada de servidores públicos. Por su parte, la legislación de datos personales exige que el tratamiento de datos por sujetos obligados responda a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas. El SMS, por sí mismo, no acredita una sanción, pero sí contiene elementos suficientes para exigir aclaración pública.

La pregunta central es sencilla: ¿la ciudadanía está recibiendo información pública verificable o propaganda de posicionamiento enviada a partir de bases de datos opacas? Hasta que exista una explicación transparente, el mensaje no opera como informe de resultados. Opera como síntoma de una práctica política que merece escrutinio.