La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este jueves 9 de julio que presentará denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversas fiscalías estatales por las muertes de mexicanos a cargo del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante una conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Roberto Velasco Álvarez señaló que con esta estrategia la postura de México legalmente supera el ámbito estrictamente diplomático. Asimismo, anticipó que se prevén acciones por la vía civil en contra de las empresas privadas que operan los centros de detención de migrantes.

Las denuncias penales serán canalizadas a través de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien resulte responsable.

El anuncio de la Cancillería se produce días después de que un agente del ICE disparara contra el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo. Salgado Araujo falleció horas más tarde en un hospital de Houston, Texas, a causa de las heridas.

Ante el panorama actual, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que el gobierno mexicano “exigirá” la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el fin de garantizar la protección de los connacionales recluidos en instalaciones del ICE.

“Vamos a continuar la comunicación con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad y con distintas autoridades de Estados Unidos. La presidenta (Claudia Sheinbaum) nos ha pedido que esto sea una prioridad”, declaró Velasco.

De acuerdo con los datos oficiales presentados por la SRE, al menos 17 ciudadanos mexicanos han perdido la vida en centros de detención o en el marco de redadas migratorias desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Este periodo ha estado marcado por un notable endurecimiento de las políticas migratorias de la Casa Blanca, lo que ha llevado al gobierno mexicano a calificar la defensa de sus ciudadanos en el exterior como un asunto de máxima prioridad en la agenda bilateral.