El proceso electoral de 2018 colocó a Puebla como en el penúltimo lugar de efectividad, de acuerdo con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (Aterm), que avaluó la actuación de los tribunales durante las pasadas elecciones.

En su evaluación el organismo que comandó de manera polémica hasta hace unos meses Fernando Chevalier Ruanova, recibió una calificación de 86.5 por ciento, pues de 392 asuntos que resolvió, 111 fueron impugnados (28 por ciento) y 58 confirmados (15 por ciento).

El análisis de la Aterm analizó el número total de resoluciones emitidas, de sentencias impugnadas ante Salas Regionales o Sala Superior como órgano revisor y última instancia, así como las sentencias confirmadas.

Y es que durante todo el proceso electoral se evidenció a los órganos electorales una predilección por Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata a la gubernatura de Puebla quien pocas veces vio dilación en la resolución de sus quejas, contrario al candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta o el aspirante a candidato independiente, Enrique Cárdenas Sánchez, quienes tuvieron que recurrir al Tepjf para que ordenara al TEEP dar celeridad a la resolución de sus casos.

Destaca que fue hasta después del recuento de votos que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que el TEEP reconoció que sí hubo violencia en en 75 casillas poblanas y que se alteraron resultados en 59, situación que varias veces rechazó como argumento.

En Querétaro y Tabasco los más efectivos

El tribunal menos efectivo fue Aguascalientes con el 84.6 por ciento; en tercero aparece Guerrero con 87.3 por ciento, le sigue Morelos con 88.5 por ciento y San Luis Potosí con 89.3 por ciento.

Mientras que Querétaro y Tabasco tuvieron los tribunales más efectivos con el 100 por ciento de resoluciones, seguido de Guanajuato con 99.2 por ciento, Zacatecas con 98.8 por ciento y Tlaxcala cuenta con 98.6 por ciento.

Con la evaluación la Aterm busca establecer los parámetros para impulsar su crecimiento como instituciones democráticas medir sus acciones, analizar la efectividad en la adopción de criterios y los índices de confirmación por los tribunales revisores.