En su tercer intento la LX Legislatura logró abrogar este miércoles la Ley de Derechos Humanos que regula el uso de la Fuerza Pública, mejor conocida como Ley Bala, aunque con solo 25 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones.
Esta propuesta promovida una vez más por la diputada local Vianey García Romero generó una larga discusión y opiniones encontradas entre los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, ya que se consideraron algunas cuestiones que podrían generar un vacío en la Ley.
En la discusión durante la sesión ordinaria de este miércoles, la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia consideró que se deja un vacío y la falta de aplicación de la ley por el caos que la autoridad genera con su omisión de aplicarla.
Mientras que la priista Rocío García Olmedo, propuso que se eliminara del dictamen el artículo segundo transitorio segundo, el cual establece que “queda sin efectos la minuta de Decreto que abroga la Ley aprobada por el Congreso local el 17 de septiembre de 2018”, bajo el argumento de que nunca entró en vigor.
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Sin embargo, de acuerdo con García Romero es innecesario retirar el artículo transitorio ya que en la redacción es claro que se refería a una minuta y no a una legislación aprobada.
También dijo que la aprobación permite que se activen protocolos específicos y de principios como la absoluta necesidad de cuándo ocupar la fuerza, asegurándose de respetar los derechos de los elementos de seguridad.
Pese a ello su abrogación se logró con los votos a favor de los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), PVEM, NA y dos diputados sin partido.
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En tanto los que abstuvieron fueron los legisladores de las bancadas de PAN, PRD, MC, la priista Rocío García Olmedo, José Juan Espinosa Torres (PT), y los diputados sin partido Héctor Alonso Granados y Hugo Alejo Domínguez.
Cabe mencionar que este el tercer intento, el primero se dio el pasado 17 de septiembre de 2018, en la primera sesión de la LX Legislatura, la cual fue votada por unanimidad.
El segundo intento se dio el 31 de octubre y, al igual que en el primero, fue vetado por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad, quien advirtió errores en su propuesta, además de la falta de una ley que regulara el uso de la fuerza.
