La persecución contra 10 activistas, opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) concluyó tras cuatro años, al prescribir la acción penal contra ellos, siendo el último de ellos Juan Carlos Flores Solís, quien ganó un recurso de revisión.

En un comunicado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Fpdta) informó que con el dictamen del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Puebla, quien negó una orden de aprehensión contra Flores Solís, se concluyó la persecución que inició Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, durante su sexenio.

Fue en abril de 2014, cuando la administración estatal inicio el proceso penal contra Enedina Rosas Vélez y Flores Solís, detenciones a las que le sucedieron 8 más, de los cuales, uno de ellos murió durante el proceso.

A su detención ocurrida en mayo de 2014 por el presunto secuestro de dos trabajadores de la empresa Bonatti SPA, demanda respaldada por el gobierno del estado de Puebla, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haría lo mismo.

Acusados por el mismo cargo fueron Francisco Torres Cortés, comisariado de Tulcingo; Federico Villalba Ramos, secretario de comisariado; Avelino Juan Gutiérrez Díaz, tesorero del comisariado; Gregorio Fuentes Ramos miembro del Consejo de Vigilancia de Tulcingo.

Albino Villalba Díaz, presidente auxiliar de Tulcingo; Adela Ramos Villalba, suplente de comisariado de Tulcingo; Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velázquez Tapia, omisariado San Juan Amecac y Alejandro Torres Chocolatl.

Inconsistencias

Destaca la actuación de la CFE quien acusó de pandillerismo a las autoridades comunitarias que participaron en la firma de una minuta en la que solicitaban a la empresa cancelar la obra.

Ello a pesar de haber celebrado un acuerdo con las autoridades comunitarias y haberlo incumplido en 2014, al iniciar con las obras de la colocación del gaseoducto, haciendo uso de militares para que vigilaran la acción.

El comunicado señala que de los 10 encarcelados tres cedieron y dejaron de lado su activismo, por lo que autoridades le cancelaron su orden de aprehensión por prescripción, desde mediados del año 2017.

Los siete restantes, que fueron los que se ampararon en el año 2014, les duró más su calvario hasta obtener la cancelación de la orden pues, al ampararse se suspendió el plazo para llegar a la prescripción y solo cuando les retiraron las suspensiones de las ordenes de aprehensión fue que continuó dicho plazo, hasta que lo cumplieron.

Son los casos de Alejandro Torres y Albino Villalba el 21 de febrero de 2018, Eusebio Torres Aguilar el 14 de marzo de 2018, Adela Ramos, Federico Villalba y Avelino Gutiérrez el 26 de abril de 2018.

Sólo Juan Carlos Flores no fue beneficiado por la prescripción, sin embargo, el 11 de mayo de 2018 causo estado la sentencia de cumplimiento del recurso de revisión 598/2017 en donde se determinó que no es probable responsable de los delitos que se le acusaron.