El mayor tribunal penal de Argentina, ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado, impuesta en 2022, a la expresidenta Cristina Fernández.

La medida no implica que la también exvicepresidenta pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.

Pocos minutos antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su resolución, Fernández, de 71 años, había difundido un video en X, antes Twitter, en el que anunció que se dirigía a una localidad a las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad con la intendenta (alcaldesa) Mariel Fernández y 400 mujeres”.

Fernández recibió, a fines de 2022, la condena de cárcel, impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió un fraude millonario al Estado, mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz, a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta, consideró que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción, Lázaro Báez, y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández, también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó ahora esas sentencias en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.

En el caso de que la Corte Suprema ratifique la condena a Fernández, podría cumplirla en su casa por tener más de 70 años.

La exmandataria, se expresó la víspera en contra de la sentencia de cárcel, y apuntó contra los jueces del tribunal federal que la condenaron hace dos años, así como con los de la Cámara Federal de Casación Penal vinculándolos con el conservador expresidente Mauricio Macri, su sucesor en el cargo y quien, en su opinión, impulsó la investigación judicial en su contra.

En un escrito difundido en sus redes sociales, en el que asumió que la sentencia en su contra iba a ser confirmada, la dirigente peronista, apuntó que el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta.

Al respecto, señaló que ese medio centenar de obras realizadas por la empresa de Báez, fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.