Un tribunal de Corea del Sur ordenó la liberación del presidente Yoon Suk-yeol, quien está apartado del cargo, lo que podría permitirle comparecer en el juicio por cargos de rebelión sin estar físicamente detenido.

Yoon fue arrestado e imputado en enero por su decreto de ley marcial del 3 de diciembre que sumió al país en una crisis política.

Por otra parte, el parlamento, que está controlado por la oposición, votó a favor de abrir un juicio político en su contra, lo que suspendió sus poderes presidenciales.

Las vistas del juicio político paralelo en el Tribunal Constitucional concluyeron a finales de febrero y se espera que la corte decida pronto si ratifica su destitución o le devuelve el poder.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo que aceptó la solicitud del mandatario de ser puesto en libertad porque el periodo legal de su detención formal expiró antes de que fuera imputado.

La corte alegó también la necesidad de resolver las dudas acerca de la legalidad de las investigaciones sobre Yoon. Los abogados del presidente han acusado a la agencia investigadora que lo detuvo antes de su arresto formal de carecer de autoridad legal para investigar los cargos de rebelión.

Los investigadores han alegado que el decreto de ley marcial promulgado por el mandatario equivale a una rebelión. Si es declarado culpable de ese delito, podría enfrentar una condena de pena de muerte o de cadena perpetua.

La defensa de Yoon celebró la decisión de la corte e instó a la fiscalía a liberarlo de inmediato. La oficina presidencial también aplaudió la decisión judicial y apuntó que espera que Yoon regrese rápido al trabajo.

Pero la ley surcoreana permite a los fiscales retener temporalmente a un sospechoso cuya detención haya sido revocada por los tribunales mientras se presenta una apelación.

El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, que encabezó los esfuerzos para destituir a Yoon el 14 de diciembre, pidió a la fiscalía que recurra el fallo judicial de inmediato.

El decreto de ley marcial de Yoon, que supuso el envío de tropas y efectivos policiales a la Asamblea Nacional, evocó recuerdos traumáticos de regímenes militares pasados entre muchos surcoreanos. Estuvo en vigor apenas seis horas, ya que un número suficiente de legisladores lograron entrar al hemiciclo y aprobar su anulación por unanimidad.

Yoon alegó después que su medida solo tenía la intención de informar al pueblo sobre el peligro que suponía el Partido Demócrata, que socavó su agenda y destituyó a altos cargos, y que envió tropas a la Asamblea Nacional solo para mantener el orden.

Pero algunos altos mandos militares y policiales implicados en el operativo han declarado ante el Tribunal Constitucional o los investigadores que el mandatario les ordenó sacar a los legisladores para obstruir la votación sobre su decreto o detener a los políticos.

Si el Tribunal Constitucional ratifica la destitución, Yoon será cesado oficialmente del cargo y se celebrarán elecciones para elegir a su sucesor en un plazo de dos meses. Si la rechaza, pero él continúa en la cárcel, no está claro si podrá ejercer sus poderes presidenciales ni cuándo.