Organizaciones civiles y colectivos de vecinos del Parque Ecológico, el Cerro de Amalucan y el Parque Juárez denunciaron una presunta colusión entre el Poder Judicial y el gobierno de Puebla para imponer el proyecto del Cablebús, señalando que las resoluciones judiciales presentan una similitud del 94.75% con los argumentos presentados por la administración de Alejandro Armenta Mier.

Denunció Nodo de Derechos Humanos (NODHO), Terraformar Librespacio Cultural, Seminario de Investigación “Entramados de lo común” (ICSyH-BUAP) y Vecinos y usuarios del Parque Ecológico, Amalucan y Parque Juárez en un comunicado compartido recientemente donde señalan que el conflicto escaló tras la notificación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que calificó como “infundado” el recurso de queja contra la negativa de una suspensión provisional.

Con esto, la justicia federal mantiene la puerta abierta al proyecto, a pesar de las advertencias ciudadanas sobre daños irreparables al medio ambiente.

El dato más alarmante revelado por NODHO y Terraformar es la coincidencia textual entre el fallo del Tribunal del 30 de marzo y el informe previo del gobierno estatal presentado el 27 de marzo.

“Presentan un porcentaje de similitud argumentativa sustantiva de 94.75%, ubicándose en el rango de coincidencia casi total”, señalaron los colectivos, sugiriendo que el Tribunal se limitó a replicar la postura oficial en lugar de actuar como un contrapeso imparcial.

Opacidad

Los quejosos acusan que la Juez Cuarto de Distrito exige pruebas “excesivas” a los vecinos para demostrar su vínculo con los servicios ambientales de los parques, lo cual contradice el Acuerdo de Escazú y recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establecen que no es necesario acreditar una afectación personal directa para acceder a la justicia ambiental.

A esto se suma la opacidad gubernamental: la Secretaría de Movilidad y Transporte reconoció haber reservado por 5 años los estudios técnicos y ambientales que sustentan el Cablebús, calificando esta reserva como “incongruente e injusta”.

La denuncia no se limita al ámbito local. Los colectivos señalaron la “omisión” de la SEMARNAT federal, encabezada por Alicia Bárcena, de quien recordaron su pasado como impulsora del Acuerdo de Escazú en la CEPAL, acusándola ahora de “pisotear” dichos acuerdos al no rendir informes sobre el impacto ambiental del proyecto poblano.

Finalmente, las organizaciones señalaron al gobernador Armenta Mier de ejercer un control autoritario sobre instituciones, medios y universidades.

“No somos bots, somos seres pensantes”, sentenciaron, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a involucrarse en la defensa de los espacios verdes y a no permitir que el “capricho y el cinismo” se impongan sobre el bienestar ecológico de la ciudad.